Esquerra Republicana (ERC) ha pedido formalmente que el Congreso constituya ya la Comisión de Gastos Reservados de la Cámara, donde se tratan los asuntos calificados como secretos, y ha esgrimido que su creación urge tras salir a la luz noticias que apuntan que el antiguo CESID, actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), habría usado con fondos reservados para evitar que se difundiera una supuesta relación del Rey Juan Carlos.
Así lo ha explicado el portavoz de los independentistas catalanes, Joan Tardà, en declaraciones en la Cámara, donde ha detallado que su grupo ha presentado un escrito en el registro del Congreso urgiendo a la creación de ese órgano.
Tardà ya reclamó que se constituya la Comisión de Gastos Reservados la semana pasada en la Junta de Portavoces, que no puso fecha para dar ese paso, puesto que su creación depende de un acuerdo de los grupos parlamentarios sobre las personas que forman parte de ella.
"Han aparecido noticias un tanto alarmantes y escandalosas relacionadas con altas instituciones del Estado y esta comisión debe constituirse ya", ha remarcado Tardà, mostrando su deseo de que "esta vez no veten a los republicanos".
ACUERDO DE LOS GRUPOS
Tradicionalmente este órgano se crea al inicio de cada legislatura y, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara Baja, los diputados autorizados para acceder a secretos oficiales deben ser elegidos por el Pleno del Congreso y contar con un respaldo de al menos tres quintos (210 diputados) en una votación secreta mediante papeleta en urna. Sólo puede entrar uno por grupo parlamentario, que habitualmente es el portavoz.
El veto al que aludía Tardà tuvo lugar en la Legislatura del 2011-2015 --en la pasada no dio tiempo siquiera a constituir la Comisión de Gastos Reservados--, cuando el PP, que tenía mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los tres candidatos que ERC puso encima de la mesa, en nombre del Grupo Mixto, alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna.
Además, el portavoz independentista ha anunciado que su formación ha registrado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a "prohibir cualquier pago de fondos reservados para encubrir la reputación de altas instituciones del Estado" y que quieren que se debata en la Comisión Constitucional.
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