La Abogacía, que depende del Ministerio de Justicia, y la Fiscalía General del Estado no solo discrepan en los cargos que atribuyen a los líderes del procés, sino que también han calculado de manera distinta la cantidad de dinero que presuntamente malversaron los independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo para sus fines secesionistas. La diferencia es importante: mientras para los letrados cifran la cuantía en cerca de dos millones de euros, los fiscales opinan que serían más de tres.
A efectos del cálculo de penas, lo determinante es si los fondos malversados superan el límite de 250.000 euros, pues es a partir de ahí donde se aplica el tipo penal agravado. Ambas instituciones dan por hecho que fue así, aunque en el cómputo que realizan hay algunas diferencias, como a la hora de incluir el dinero gastado en cartelería, que Fiscalía consigna en 38.431 euros y que la Abogacía dice que no se ha esclarecido.
En concreto, la representación del Estado estima en 1.971.601,42 euros el dinero malversado, que se desglosan en 110.263,51 euros de la campaña internacional del referéndum, 269.196,04 euros de la campaña "Registro de Residentes en el Exterior" y 93.179,56 euros, más 184.624,85 euros, de anuncios en medios de comunicación por la campaña Civisme.
Se suman a estas cuantías 979.661,96 euros correspondientes al suministro de papeletas, al censo electoral y a las citaciones a personas integrantes de las mesas electorales, realizados por UNIPOST, S.A., y 334.675,50 euros de expertos y observadores internacionales a cuenta del Diplocat, de acuerdo al cómputo que hace en su escrito de acusación la Abogacía.
No obstante, señala que falta por estimar la cuantía destinada a las páginas web del referéndum, pues "no consta" pero a juicio de la Abogacía, "es evidente que todas estas acciones no pudieron ser gratuitas, pues comportan una serie de cosas que hay que contratar con terceros, como reserva del nombre de dominio, alojamiento en servidores con capacidad suficiente, etc., debiendo comportar necesariamente gasto de dinero público".
Además, en el documento presentado este viernes en el Tribunal Supremo consta que pericialmente "se valoró en 900.000 euros" el montante económico que supuso el uso durante una jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre para más de 2.259 locales como puntos de votación. Esta cuantía no se incluye sin embargo, en el cómputo final de la Abogacía del Estado.
La Fiscalía, eleva algo esa cuantía y dice que el uso de los locales fue valorado en 900.906,7 euros, si bien coincide con la Abogacía en que la campaña internacional costó al erario público 110.263,51 euros, sitúa en 266.496,04 la del Registro de Residentes en el Exterior y en 277.804,41 euros la Campaña Civisme.
La mayor diferencia, al margen del cómputo de los locales de votación, está en la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales, que cifra en 441.740,72 euros, cien mil más que lo consignado por la Abogacía. Añade 979.661,96 euros de UNIPOST, los ya mencionados 38.431,2 de cartelería, y 60.000 euros de una campaña internacional de imagen de la Generalitat, de modo que lo malversado, según su escrito de acusación, ascendería a 3.075.304,54 euros, un millón cien mil euros más que lo estimado por la Abogacía.
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