El Gobierno da luz verde a la 'Ley Lassalle': mano dura con las descargas y entidades de gestión "más transparentes"

Se trata de una reforma parcial, "sin perjuicio" de que se apruebe una nueva ley.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Congreso
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Congreso

El Gobierno ha dado hoy el primer paso en la tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, según ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz De Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se trata de una reforma parcial, "sin perjuicio" de que se apruebe una nueva ley a lo largo de la lesgislatura, ha dicho la ministra.

El anteproyecto aprobado hoy tiene tres objetivos: reforzar los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión (en cuanto a transparencia y eficacia operativa), reforzar los mecanismos de protección de la propiedad intelectual y revisar el concepto legal de copia privada.

El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha detallado el catálogo de medidas que se incluyen en la modificación de la norma, encaminadas a incrementar la "transparencia" después de que se hayan producido "algunos problemas en el funcionamiento de las entidades de gestión" y actuar contra quienes facilitan "a gran escala" la descarga ilegal de contenidos culturales.

El texto, que ahora será sometido a debate de los sectores afectados y de los organismos consultivos antes de su remisión al Parlamento, previsiblemente después del verano, pretende dar respuesta en materia de lucha contra la mal llamada 'piratería' a la inoperancia de la Comisión de Propiedad Intelectual, transcurrido un año de su entrada en funcionamiento.

Sanciones para las entidades de gestión

Se reforzarán las facultades de inspección de las administraciones públicas, con auditorías y la posibilidad de intevenir una entidad de gestión o imponerle sanciones de hasta el 2% de su recaudación anual si comete alguna infracción.

Además, se pondrán en marcha mecanismos para garantizar la democracia interna de las entidades de gestión. Tendrán que hacer públicas en sus webs las tarifas y procedimientos de reparto de lo recaudado entre sus socios, tendrán fijados unos principios generales para la fijación de tarifas que impidan precios abusivos, y deberán recibir la autorización de la Administración para la creación de fundaciones o sociedades mercantiles.

Por otro lado, se limitará la capacidad de las entidades de gestión para imponer tarifas unilateralmente. Es decir, a partir de ahora no dispondrán de total autonomía para decidir el importe que ha de pagar un usuario, una empresa o una institución por utilizar una obra protegida.

Novedades en la Sección Segunda

Es aquí donde vemos el primer cambio en la polémica Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (la llamada 'Comisión Sinde-Wert' que nació de la 'Ley Sinde'), que será el árbitro encargado de tomar la decisión en caso de que no haya acuerdo para la fijación de las tarifas.

Otra modificación en el funcionamiento de la Sección Segunda es la creación de un tablón de edictos electrónico, a través del cual se harán públicas las notificaciones de la Comisión.

Además, el anteproyecto agiliza la identificación de las páginas que facilitan contenidos no permitidos y su persecución internacional mediante edictos electrónicos. A partir de la reforma, la comisión podrá solicitar a una web con contenidos piratas la retirada de catálogos completos de autores, sin tener que hacer la reclamación obra a obra, como ahora.

Mano dura con las descargas

También se instaura un régimen sancionador para las páginas de descargas, con multas de entre 30.000 y 300.000 euros, y un mecanismo de requerimiento a las teleoperadoras y anunciantes que tengan acuerdos con webs que faciliten descargas no autorizadas a que cesen esta actividad.

Como tercer y último elemento de la reforma, Wert ha anunciado una "revisión del concepto de copia privada". Concretamente, la reforma "acota los límites" de dicho concepto en base a la regla de los tres pasos y sentencias judiciales como la del conocido caso Padawan.

No contenta a nadie

El pasado miércoles, las entidades de gestión pidieron a Wert la paralización de este anteproyecto hasta que se formalice el grupo de trabajo que, según indican, prometió durante la última reunión que mantuvieron, que se celebró el pasado mes de enero.

"Nos ha sorprendido y alarmado el anuncio de la inminente aprobación por el Consejo de Ministros de una modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo contenido no se nos ha dado traslado por el ministerio y que parte de un enfoque de desprotección de los derechos de propiedad intelectual que no compartimos en absoluto", señalan.

Wert ha afirmado que, tras la aprobación del anteproyecto, se abre un proceso de diálogo con las distintas partes interesadas, "incluyendo obviamente a las entidades de gestión"

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