Consistorios salmantinos del PSOE lanzan la campaña "Este pueblo no se vende"

  • Pequeños consistorios salmantinos gobernados por el PSOE han lanzado hoy una campaña, que plantean extender a toda España, bajo el lema "Este pueblo no se vende", con la que buscan mostrar su rechazo a reforma local que promueve el Gobierno central.

Ciudad Rodrigo (Salamanca), 23 nov.- Pequeños consistorios salmantinos gobernados por el PSOE han lanzado hoy una campaña, que plantean extender a toda España, bajo el lema "Este pueblo no se vende", con la que buscan mostrar su rechazo a reforma local que promueve el Gobierno central.

Concejales y alcaldes de más de cincuenta pueblos de la provincia de Salamanca han portado hoy una misma pancarta, cada uno en su localidad, con el lema "Este pueblo no se vende", debido a que "la futura reforma del Gobierno es una amenaza muy seria para los Ayuntamientos", ha dicho hoy en Ciudad Rodrigo a los medios de comunicación el procurador salmantino del PSOE, Juan Luis Cepa.

Si sale adelante la Ley que promueve el Gobierno, "las competencias de los ayuntamientos serán mínimas y sólo servirá para dar de comer a las empresas de construcción que están en crisis".

Ayuntamientos salmantinos como Juzbado, Aldeadávila de la Ribera, Sieteiglesias, Doñinos, Florida de Liébana, Villoruela, Juzbado o Terradillos se han sumado a esta protesta, canalizada a través de un portal digital "www.estepueblonosevende" y de las diferentes redes sociales.

La protesta pretenden hacerla extensiva a nivel nacional para promover una concentración en todos los pueblos el próximo 12 de diciembre al mediodía, ya que ese día será cuando la futura ley se vote en el Senado.

Los promotores han lanzado un modelo de bando municipal para que sea suscrito por los ayuntamientos que secunden la campaña, y en el que se afirma que la reforma local que plantea el Ejecutivo central "deja a los ayuntamientos españoles menores de 20.000 habitantes (la inmensa mayoría) sin apenas competencias para atender las necesidades de los ciudadanos".

"Si la ley llegase a aprobarse en sus actuales términos, los servicios públicos más básicos e inmediatos", como agua, basuras o alumbrado, "pasarán a ser responsabilidad de las diputaciones provinciales e, inevitablemente, quedarán en manos de empresas privadas", lo que "acarreará graves perjuicios para las personas, especialmente en el medio rural", recoge el modelo de bando.

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