Diccionario básico para entender los Presupuestos Generales del Estado

  • La terminología contable complica el conocimiento de qué se aprueba en los Presupuestos.
Fotografía de la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
Fotografía de la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
EFE.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado unos Presupuestos con guiños sociales a colectivos determinados como pensionistas y jóvenes, destinando además el mayor gasto a Cataluña desde la crisis. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado son un territorio árido, plagado de cifras milmillonarias difíciles de ponderar y términos contables de complicado entendimiento. 

Bajo su abrumadora acumulación de números se ocultan las claves que determinarán nuestra vida cotidiana durante el próximo año, desde el precio que pagaremos por el recibo de la luz al mantenimiento o no en la parrilla de TVE de nuestra serie favorita, desde la posibilidad de presentar la declaración de la renta desde nuestra propia casa a las exposiciones temporales que podrá traer el Museo del Prado durante 2019.

Explicamos los conceptos básicos para no perderse en la marea presupuestaria:

Presupuesto del Estado.

Conjunto de ingresos y gastos de la Administración General del Estado en un ejercicio concreto.

Se encuadran aquí los ingresos por impuestos, tasas y otras fuentes; y los gastos de todos los ministerios y de los órganos constitucionales: la Casa del Rey, las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. También los gastos derivados del pago de la deuda pública.

El saldo resultante entre ingresos y gastos constituye el déficit del Estado.

Presupuesto consolidado.

Conjunto agregado de ingresos y gastos de la Administración General del Estado, la Seguridad Social, los organismos autónomos y el resto de entidades públicas del denominado sector público estatal.

Es el resultado de agregar al Presupuesto del Estado (ver definición anterior) las cuentas del resto de organismos de naturaleza también estatal como la Seguridad Social, los organismos autónomos vinculados a la Administración del Estado (el Servicio Estatal de Empleo, Parques Nacionales o el Instituto de la Mujer), y el resto de entidades clasificadas como sector público estatal.

Dentro de éstas últimas entrarían: las agencias estatales (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo), otros organismos públicos administrativos (Agencia Tributaria, Museo del Prado, Consejo Económico y Social), entidades públicas empresariales (ADIF, AENA, RTVE, Loterías y Apuestas del Estado), sociedades estatales de crédito (ICO), sociedades estatales de seguros (CESCE), fundaciones estatales (Carlos III para la investigación cardiobascular) y órganos reguladores (Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de Telecomunicaciones).

El saldo resultante constituye el déficit de la Administración General del Estado.

Cuadro Macro.

Es el conjunto de previsiones económicas a partir de las cuales se diseñan los Presupuestos.

Recoge la estimación del Gobierno sobre cómo se comportará la economía española y sus distintos componentes, el comportamiento del empleo o la evolución de los precios, aspectos esenciales para determinar cuánto subirán los ingresos por impuestos y también algunos gastos como las prestaciones por desempleo. Aquí se estima también variables como el precio medio del barril de petróleo durante el año, la relación de cambio entre el euro y el dólar o el tipo de interés medio que se pagará por la deuda.

Ingresos no financieros.

Son, básicamente, los impuestos recaudados por el Estado: IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA e Impuestos Especiales.

Ésto explica el 92% de este capítulo. El 8% restante viene de los ingresos por tasas (lo que se paga por un documento público, por registrar una empresa o por un dominio de internet), los fondos recibidos de la Unión Europea, los ingresos por ventas de edificios u otros bienes propiedad del Estado o las aportaciones a las arcas estatales de las Haciendas forales vascas y navarras.

Gastos no financieros.

Es lo que se conoce como gasto público, es decir, el conjunto de pagos que hace el Estado en un ejercicio determinado.

Contempla desde la inversión en carreteras al pago de las pensiones, desde el sueldo de los funcionarios a la cooperación al desarrollo. Al cabo, este capítulo identifica la contribución del Estado al PIB nacional. 

Gastos de personal.

Principalmente, los sueldos de los funcionarios del Estado, pero no sólo eso.

De hecho, las nóminas de los empleados del Estado sólo explican un 56% de la partida de gastos de personal. El resto se debe a las pensiones de las llamadas clases pasivas, los funcionarios que se han jubilado, y también al coste de la asistencia sanitaria de los empleados públicos a través de las Mutualidades.

Gastos corrientes.

Son los gastos de funcionamiento de la Administración.

Aquí se recogen los pagos del Estado por alquileres, costes de mantenimiento de equipos informáticos (la adquisición de los mismos entraría en el capítulo de inversiones reales), servicios de limpieza, material de oficina, servicios de menú...Pese a centrar buena parte del debate político sobre los recortes, su incidencia en el presupuesto es marginal (apenas un 2%) y su ajuste muy difícil. Desde 2008 apenas se han reducido en poco más de 400 millones, en torno un 10%.

Gastos financieros.

Esta partida recoge el coste en intereses que tiene para el Estado pedir dinero prestado a los mercados, la inevitable deuda pública.

Como desde 2008 la deuda del Estado se ha multiplicado y como el coste, medido por la prima de riesgo, también ha aumentado, esta partida ha pasado de suponer apenas un 8% del presupuesto en 2008 a significar un 13% en 2013. En 2014 el gasto por el servicio de la deuda batirá de nuevo su máximo histórico.

Transferencias corrientes.

Son los recursos que el Estado transfiere para el funcionamiento de otros organismos y administraciones, en virtud del marco normativo vigente, por lo que son recurrentes en el tiempo. Se repiten todos los años.

Aquí están las cantidades que les corresponden a las comunidades autónomas y a las entidades locales por sus respectivos modelos de financiación, la transferencia de recursos al presupuesto de la UE, la dotación para becas y estudiantes o los pagos asociados al sistema de atención a la dependencia.

Transferencias de capital.

Son los recursos que el Estado transfiere a otros organismos y administraciones para la realización de actuaciones concretas y puntuales, no recurrentes en el tiempo.

En esta cuenta se refleja, por ejemplo, el dinero que pone el Estado para el desarrollo de infraestructuras impulsadas desde las comunidades autónomas o los ayuntamientos (carreteras, centros de investigación, espacios culturales) o proyectos con el sector privado. El ejemplo más claro de su funcionamiento fue el controvertido Plan E de inversiones en ayuntamientos, pero desde este capítulo también se financian proyectos de investigación o programas educativos como el Escuela 2.0 para el desarrollo de aulas digitales.

Fondo de contingencia.

Se trata de un mecanismo de seguridad creado por el Gobierno de José María Aznar en 2001 para evitar desviaciones presupuestarias imprevistas.

Con una dotación equivalente al 2% del Presupuesto del Estado, en principio fue creado para blindarse antes gastos no previstos en los Presupuestos como operaciones militares en el extranjero, catástrofes naturales o casos como el hundimiento del Prestige, pero los aprietos presupuestarios de los últimos años han hecho que se utilice para cubrir desviaciones presupuestarias.

Inversiones reales.

Aquí se recoge el gasto previsto en nuevas actuaciones por parte de los ministerios, todo aquello que hace años se publicitaba con esos grandes cartelones que ahora apenas se ven en algunas líneas del AVE.

Hablamos de construcción de carreteras, vías férreas, ampliaciones de aeropuertos, pero también de la instalación de una desaladora, la instalación de pasarelas en una playa o el impulso de un nuevo centro tecnológico. Esta partida ha sido el gran objetivo de los recortes estatales que la han reducido a menos de la mitad. Tras cinco años de ajustes constantes, CEOE ha instado al Gobierno a incrementar en 2014 la inversión para apuntalar la recuperación económica.

Activos financieros.

Aquí se reflejan los créditos o préstamos concedidos por el Estado a terceros, sean empresas públicas o agentes privados.

Entrarían, por ejemplo, bajo este epígrafe los préstamos concedidos a promotores para la realización de carreteras o vías de AVE, las ayudas a empresas privadas para la reindustrialización de zonas deprimidas o la adquisición de acciones en empresas o sociedades estatales o mixtas, como por ejemplo las sociedades de gestión de aguas.

Pasivos financieros.

Recoge los ingresos obtenidos por la Administración General del Estado por la emisión de deuda o la concesión de préstamos bancarios.

Suponen un ingreso coyuntural para el Estado, que se convertirá en gasto financiero en el momento en que se tenga que devolver. La evolución de esta cuenta refleja el incremento del volumen neto de deuda pública en un año. Tampoco se puede identificar con las emisiones totales del Tesoro ya que muchas sirven para cancelar deuda del pasado.

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