¿Quieres saber cuántos funcionarios trabajan en tu provincia?

Como hay 50 respuestas al titular, empecemos contestando que uno de cada seis trabajadores españoles es un empleado público. Para ser más específicos, 2.680.219 nóminas sostenidas entre administración central, autonomías, organismos municipales y universidades públicas.

Y si se cruza esa cifra con la última de ocupados según la Encuesta de Población Activa, sale un porcentaje del 14,7%.

La mayor parte del gasto lo afrontan las comunidades, que acaparan la mitad de la plantilla: 1.346.826 personas trabajan en sus instalaciones. El Estado, mientras tanto, paga a 597.021 trabajadores; y ayuntamientos, diputaciones y otros entes locales suman 632.719. Los 103.653 restantes forman el personal al servicio de la universidad.  

Los datos corresponden al último boletín de empleo público del Ministerio de Política Territorial con datos a julio de 2010 y constatan el excesivo peso que la administración pública ostenta en el mercado laboral de algunos territorios.

La presencia es abrumadora (y lógica, por los numerosos destacamentos militares) en las ciudades autónomas: Ceuta y Melilla, donde cuatro de cada diez trabajadores pertenecen a la función pública.  

Saliendo de esta excepción, empiezan las coincidencias. Por ejemplo, que las provincias con mayor índice de funcionarios también soportan elevadas tasas de desempleo y están a la cola en los factores económicos.

De hecho, las dos provincias peninsulares con un porcentaje más alto de funcionarios respecto a su total de ocupados son las dos extremeñas: Badajoz y Cáceres, con un 25,6% y un 25,4%, respectivamente.

La tercera en el podio es Soria, cuya particularidad no emana de su mercado laboral, sino de su exiguo padrón: con apenas 95.000 habitantes, es la menos poblada de España. Sin embargo, los porcentajes sitúan a todos en igualdad de condiciones y lo cierto es que el 21,5% de sus trabajadores ficha cada mañana en una administración.

La cuarta es un clásico en todas las listas negras económicas. Hablamos de Cádiz, donde confluyen varios aspectos llamativos en una zona con un 21% de funcionarios sobre ocupados. El primero es que se trata de una provincia muy populosa. De las 14 que hay en España por encima del millón de habitantes, es la que ostenta el mayor índice de empleados públicos.

Y con bastante diferencia, ya que la siguiente, Sevilla, se queda en un 17,8% de porcentaje. Y la capital sevillana, a diferencia de la gaditana, suma la presidencia de la Junta y lo que eso conlleva en funcionarios autonómicos.

Cádiz, de todos modos, también sirve para explicar otras curiosidades. Su elevado número de funcionarios podría explicarse en parte por los más de 12.000 militares que trabajan en ella, casi una décima parte del total de fuerzas castrenses del país. Sólo Madrid tiene más efectivos en su comunidad.

Madrid, de hecho, es la provincia con mayor número de funcionarios en términos absolutos: 429.643, lo que supone 130.000 más que en Cataluña y el triple que todo el País Vasco. Eso sí, en comparación a su masa laboral, el porcentaje se queda en el 15,01%, ligeramente por encima de la media nacional.

Los catalanes, a todo esto, prefieren explayarse en los ayuntamientos. El total de funcionarios municipales de la provincia de Barcelona es de 69.000 frente a los 63.000 de Madrid, que suma casi un millón más de habitantes.

Sin embargo, Barcelona es la provincia española con menor índice de funcionarios y la única que baja del 10%, presentando una tasa global del 9,3%. Sus vecinas autonómicas y las vascas serían el resto de provincias con una menor incidencia de la administración sobre el mercado laboral.

¿Será porque tienen más mercado laboral a secas? La estadística no entiende de casualidades.