El Govern pide a los inmigrantes que acrediten su nivel de catalán para avalar su integración

  • Barcelona.- El Govern pedirá a los inmigrantes que certifiquen sus conocimientos de lengua catalana como un "requisito muy determinante" para poder avalar su "esfuerzo de integración" en la sociedad catalana, en los expedientes de arraigo, reagrupación familiar y renovación del permiso de residencia.

Barcelona.- El Govern pedirá a los inmigrantes que certifiquen sus conocimientos de lengua catalana como un "requisito muy determinante" para poder avalar su "esfuerzo de integración" en la sociedad catalana, en los expedientes de arraigo, reagrupación familiar y renovación del permiso de residencia.

Así lo ha anunciado, tras la reunión del ejecutivo catalán, su portavoz, Francesc Homs, que ha remarcado que el gobierno de Artur Mas se desmarcará de las actitudes "buenistas" del tripartito en inmigración, pondrá el acento no sólo en los derechos sino también en los deberes de los extranjeros y ejercerá las competencias en esta materia que ya prevén las leyes de acogida y de extranjería.

De acuerdo con estas leyes, ha recordado Homs, "a la Generalitat le corresponde, en base también a los informes de los ayuntamientos, certificar el esfuerzo de integración de las personas extranjeras" en los expedientes de arraigo, de reagrupación familiar y de renovación de residencia.

Para los próximos días está previsto que se reúna el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, con representantes de las asociaciones municipalistas de Cataluña, para concretar la manera en que los inmigrantes deberán acreditar su dominio de la lengua catalana, a través de un examen u otra fórmula.

Precisamente contra este aspecto de la ley de acogida, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, presentó un recurso de inconstitucionalidad, al entender que establece una preferencia lingüística en favor del catalán sobre el castellano, en relación con los inmigrantes.

El Govern ha movido ficha en este tema, después de que ayer se publicara una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) que revela que uno de cada cuatro catalanes expresa opiniones racistas o muy intolerantes respecto a la inmigración, datos que algunos temen que puedan traducirse, el próximo 22 de mayo, en un crecimiento de la presencia de grupos xenófobos en los ayuntamientos catalanes.

Homs se ha afanado en recalcar que el actual gobierno catalán "tiene un proyecto claro en materia de inmigración", algo que a su juicio no pasó en los siete años precedentes, ya que PSC, ERC e ICV-EUiA defendieron criterios "diferentes" en este tema y, en algunos momentos, cayeron en un discurso "buenista" olvidando cualquier consideración sobre los "deberes" de los inmigrantes.

Paralelamente a los criterios lingüísticos para demostrar el esfuerzo de integración de un inmigrante, Homs ha explicado que el Govern pondrá en marcha un plan piloto para promover la convivencia en los barrios del L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con más inmigración extranjera: Collblanc-La Torrassa, Pubilla Cases-Can Serra y La Florida-Les Planes.

El ejecutivo catalán ha autorizado al Departamento de Bienestar Social y Familia a otorgar en 2011 una subvención de 580.482 euros al Ayuntamiento de L'Hospitalet, para desarrollar programas y acciones dirigidas a promover la convivencia en las escaleras de vecinos, acercar a autóctonos e inmigrantes y prevenir conflictos.

El plan piloto trabajará tres ejes: el diagnóstico y la mejora de las necesidades individuales, la acogida y la formación de entorno y, en tercer lugar, la dinamización cultural y deportiva.

Se pretende, en la práctica, fomentar las buenas prácticas de civismo en el entorno vecinal, acompañar y derivar a las personas con un importante déficit de formación y conocimiento del municipio, así como facilitar el uso deportivo del espacio público entre los jóvenes.

El plan se enmarca en el convenio de colaboración entre la Generalitat y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, cofinanciado por el Fondo Europeo para la Integración de nacionales en terceros países, que también se aplica en barrios de Badalona y Terrassa, (Barcelona), Salt (Girona) y El Vendrell (Tarragona), con una inversión global de 2,5 millones de euros.

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