Buenos Aires, 15 may.- La presidenta argentina, Cristina Fernández, recibió hoy en su residencia oficial en Buenos Aires a la cúpula de la Iglesia católica, en medio de las últimas opiniones cruzadas entre el Gobierno y la institución religiosa por la creciente inseguridad en el país.
La reunión tuvo lugar en la residencia presidencial de Olivos y estuvo encabezada por Fernández y por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo.
El pasado 9 de mayo, los obispos argentinos advirtieron, a través de una severa declaración, que Argentina "está enferma de violencia" y que la corrupción "es un cáncer social", además de alertar sobre el avance del narcotráfico en el país.
Bajo el título "Felices los que trabajan por la paz", el documento elaborado por la Iglesia no escatimó tampoco críticas sobre los distintos actores relacionados con la lucha contra la violencia y la inseguridad.
El texto levantó ampollas en el oficialismo y provocó la reacción del jefe de Gabinete del Ejecutivo de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, quien aseguró que la "responsabilidad primaria" en materia de seguridad no es competencia del Gobierno nacional, sino de las provincias.
La afirmación de Capitanich tuvo su réplica en las declaraciones del portavoz de la Conferencia Episcopal, Jorge Oesterheld, quien reiteró que mantener un clima de paz y de concordia "sí es responsabilidad del Gobierno nacional".
Durante un acto de homenaje al sacerdote Carlos Mugica, el pasado sábado, con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de su asesinato a manos de la fuerza paramilitar de ultraderecha conocida como Triple A, Fernández aseguró que quienes denuncian un incremento de la violencia "sólo buscan reeditar viejos enfrentamientos".
La inseguridad se ha convertido en el principal tema de preocupación de los argentinos en los últimos meses, y ha generado una tormenta política con un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de las administraciones y el papel de las fuerzas de seguridad en el combate contra el crimen organizado.
En la provincia de Buenos Aires, la más grande del país y la más castigada por la delincuencia -con 82 delitos por hora, según estimaciones oficiales-, el gobernador Daniel Scioli, aspirante a suceder a Cristina Fernández en la Casa Rosada, ha convertido la lucha contra la inseguridad en uno de los pilares de su gestión.
El oficialista Scioli ha declarado un "estado de emergencia" durante un año, que incluye un aumento de la dotación material y de los recursos humanos destinados a "acorralar el delito".
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