CSIF solicita cuatro funcionarios de refuerzo para los juzgados extremeños encargados de las cláusulas suelo

Los dos juzgados encargados de estos asuntos, para la totalidad de cada provincia, son las UPADs (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) nº2 de Mérida y el nº5 de Cáceres, que han recibido entre junio y septiembre 1.978 demandas, de las que 1.011 corresponden al de Mérida por 967 para el de Cáceres.

Aunque, como ha apuntado CSIF en nota de prensa, no se debe olvidar que estos dos juzgados continúan con la tramitación de sus asuntos de siempre más los de las cláusulas suelo.

Asimismo, CSIF ha indicado que ambos órganos judiciales se han reforzado, cada uno, con dos funcionarios interinos del cuerpo de Tramitación pero que, a la vista del "aluvión" de demandas recibidas, es "insuficiente".

"Desde CSIF hemos instado al Ministerio de Justicia para que nombre con carácter de urgencia dos funcionarios más, uno del cuerpo de Gestión y otro del de Tramitación, para evitar el colapso de cada uno de estos juzgados", ha apuntado.

Así, ha considerado necesaria una plantilla total de, como mínimo, cuatro funcionarios por Juzgado para poder dar salida a las demandas originadas por las estas reclamaciones bancarias.

Además, este sindicato también ha estimado necesario, según vaya evolucionando la tramitación de estos procedimientos, la incorporación de un funcionario más del cuerpo de Auxilio Judicial para notificaciones.

En este sentido, ha destacado que en el Juzgado de Mérida, de las 1.011 demandas recibidas únicamente seis de ellas han sido señaladas para vista previa, mientras que el Juzgado de Cáceres con 978 demandas tampoco se ha dictado ninguna sentencia todavía.

"Esta precariedad de medios humanos repercutirá en el ciudadano, ya que, de no solventarse con rapidez esta deficiencia, tardará en recuperar el dinero que le tiene que devolver la entidad financiera prestamista", ha apuntado.

En cualquier caso, CSIF ha solicitado al Ministerio de Justicia que se doten a dichos Juzgados del personal necesario para ofrecer un servicio público "de calidad, ágil y efectivo, garantizando así la tutela judicial efectiva, habilitando el crédito extraordinario necesario para hacer frente a dicha medida".