Arcos.- El juzgado rechaza el recurso contra el auto de prisión del ex alcalde de Alcaucín

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS) El Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga (Málaga), encargado del caso 'Arcos', ha desestimado el recurso de reforma presentado contra el auto de prisión del ex alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín José Manuel Martín Alba, según informaron a Europa Press fuentes de la defensa. La jueza que instruye la causa, Irene Urbón, decretó el pasado 3 de marzo prisión sin fianza para el hasta entonces regidor de dicho municipio de la Axarquía, al que se le imputan los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística. Los letrados de Martín Alba presentaron un recurso ante la jueza, al considerar que no se cumplen los requisitos para decretar la prisión, ya que los registros ya se han efectuado y se ha intervenido toda la documentación, por lo que entienden que no hay riesgo de que se pueda poner en peligro la investigación. La instructora ha emitido una resolución desestimatoria respecto a las pretensiones de la defensa, que, no obstante, recurrirá esta decisión en apelación, según señalaron las fuentes, por lo que será la Audiencia de Málaga la que se tendrá que pronunciar ahora respecto de la libertad. El ex alcalde fue detenido el viernes día 27 de febrero junto con otras 12 personas en el marco de esta operación contra corrupción urbanística y firmó su renuncia al acta de concejal antes de conocer que se le había decretado su ingreso en prisión. No obstante, Martín Alba habría sido expulsado del PSOE el mismo día que fue arrestado. Éste guardaba 160.000 euros en efectivo distribuidos en varias bolsas bajo un colchón de una cama de su casa, dinero que fue encontrado en uno de los registros efectuados por la Guardia Civil, que se encarga de esta investigación con la participación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la de Medio Ambiente y Urbanismo. La investigación, que contó con la activa colaboración del SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, pretende desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía. Además de los 13 detenidos, la Guardia Civil está interrogando en calidad de imputados al menos a otras 12 personas por su presunta vinculación con este caso. Entre ellos no habría cargos públicos, aunque sí técnicos, como otro arquitecto de Diputación y un ex secretario municipal ya jubilado, y empresarios. Éstos también deberán comparecer ante la jueza. En la primera fase, la instructora decretó prisión sin fianza sólo para el ex alcalde y para el arquitecto José Mora, al que se le imputan inicialmente los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística. Por contra, dejó en libertad con cargos a las otras ocho personas a las que tomó declaración. Así, el aparejador, imputado por el delito de prevaricación urbanística, y el asesor fiscal, imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, quedaron en libertad sin fianza. En la misma situación quedó una hija del alcalde, imputada por un presunto delito de blanqueo de capitales, y la hija de uno de los empresarios imputados, a la que se le achacan inicialmente los delitos de cohecho, blanqueo y contra la ordenación del territorio. Los cuatro empresarios quedaron en libertad bajo fianza de 120.000 euros en tres de los casos y de 30.000 euros, en el otro. La pasada semana la instructora tomó declaración a las tres personas que fueron imputadas y puestas en libertad por la Guardia Civil sin que llegaran a comparecer en su momento en el juzgado, como los demás. Para las tres, se decretó libertad con cargos. Así, la jueza mantuvo la imputación por un supuesto delito de cohecho en el caso de la hija de uno de los empresarios también imputado en la primera fase, al igual que en el caso de la otra hija del ex alcalde, a la que se le imputan los delitos de blanqueo de capitales y cohecho. Por último, para una administrativa del Servicio de Arquitectura, se mantuvo la imputación por el presunto delito de participación en falsedad documental.