El caso 'Malaya' cumple tres años de instrucción y suma ya más de un centenar de procesados

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS) Tres años se cumplen mañana domingo, 29 de marzo, del inicio de la operación policial denominada 'Malaya', con la que se desarticuló una presunta trama de corrupción municipal en Marbella (Málaga). La causa judicial aún se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y cuenta ya con 103 personas procesadas, tras el último auto de procesamiento. Esta investigación, que desembocó por primera vez en la democracia española en la disolución de un ayuntamiento, comenzó meses atrás a raíz de la declaración de un funcionario del Consistorio marbellí. El operativo policial, desarrollado en distintas fases, ha supuesto que pasen por prisión alcaldes y ex alcaldes como Marisol Yagüe y Julián Muñoz, concejales, empresarios y abogados. También fue a prisión Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo y el que, según la instrucción, controlaba y dirigía totalmente el Ayuntamiento "como si fuera el alcalde y con la verdadera alcaldesa bajo sus órdenes". El presunto cerebro de esta trama de corrupción, disfrutó sólo de nueve días de libertad, tras pagar la fianza de un millón de euros que le fijó el actual instructor del caso, Óscar Pérez. Esta fianza fue revocada, aunque, previamente, el juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ya acordó su ingreso en prisión por el caso 'Saqueo I', medida que podría haber eludido con una fianza de tres millones de euros. La AN le condenó por este caso sobre el desvío de fondos del Consistorio a seis años y 10 meses de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil. Su abogado en el caso 'Malaya', José Aníbal Álvarez, puso énfasis en que tras tres años de instrucción de la causa "todavía no se conoce el perjuicio económico que Juan Antonio Roca ha causado al Ayuntamiento de Marbella" y señaló a Europa Press que "quien debería de haberlo puesto de manifiesto es el propio Consistorio". "Si después de tanto tiempo no lo han podido determinar, a lo mejor es que ese perjuicio no existe", apostilló. Álvarez señaló que el trato recibido por Roca en estos años "no ha sido el de un preso más, sino que se ha magnificado la causa sobre todo en su persona y en la de su familia". En su opinión, "una vez que conocemos la causa se van vislumbrando errores con calado constitucional en la instrucción". En este punto, indicó que cuando se intervinieron las sociedades "no se adoptaron las medidas oportunas, ya que se intervinieron empresas activas que tenían que hacer frente a pagos y, en el caso de Marqués de Velilla, con animales vivos, y hasta pasados varios meses no se nombró administrador judicial", sustituido posteriormente y cuya actuación cuestionó. PROCESADOS El primer instructor del caso, Miguel Ángel Torres, procesó a 86 personas; el actual a 17 nuevas, aunque ha ampliado los delitos que se le imputan a otros ya procesados. En esta causa se investigan delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio, revelación de secretos, fraude, tráfico de influencias y ahora también delitos fiscales. A lo largo del proceso, los entonces imputados pagaron más de 6,5 millones de euros en fianzas para eludir o salir de prisión, aunque algunas han sido devueltas o reducidas por el actual encargado del caso, quien, por contra, ha ordenado el embargo de innumerables bienes de los procesados para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias. Por este caso pasaron ocho personas más, aunque se archivó su imputación. Asimismo, otras diligencias que comenzaron como parte de esta causa fueron separadas. Entre ellas en la que están imputados por blanqueo de capitales el que fuera alcalde marbellí Julián Muñoz y sus ex parejas Maite Zaldívar e Isabel Pantoja. También procedía del caso 'Malaya' la causa contra el juez de otro juzgado marbellí Francisco Javier de Urquía, que fue condenado por cohecho y prevaricación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque el Supremo lo absolvió de este último delito. El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, señaló que "un caso como 'Malaya' desborda un juzgado como es el de Instrucción número 5 de Marbella, en el que ha habido un esfuerzo tremendo del juez, de la secretaria y de todos los funcionarios" y en el que hubo que nombrar un magistrado de apoyo. "La estructura judicial española no está preparada para casos como éste, se afrontan con el voluntarismo y casi con el heroicismo de todos los que forman el juzgado", aseguró a Europa Press Arroyo Fiestas, quien precisó que para afrontar el juicio, que "es un reto", será necesario "duplicar los efectivos", no sólo magistrados, sino el secretario y los funcionarios. EL JUICIO En este sentido, el cuándo y la ubicación exacta donde se celebrará el proceso son dos de los aspectos relacionados con el caso que aún no se han concretado totalmente. En cuanto a la instrucción, falta resolver los recursos contra los autos de procesamiento y el auto de conclusión de sumario. Respecto al lugar, previsiblemente será en la Ciudad de la Justicia. A este respecto, Arroyo afirmó que la vista oral puede ser "de una duración de un año" y apuntó que "será necesario crear un tribunal bis". De hecho, explicó que magistrados de la Sección Primera "se dedicarán a Malaya y otros tres tendrán que seguir llevando los asuntos de diario". Estimó que el proceso podría mover unas 1.000 personas, entre acusados, abogados, fiscales, peritos y testigos, "que podría ser fácilmente 600". Además, manifestó que "se prevé una macrosala, con infraestructura para los medios de comunicación, espacios para los periodistas y salas para abogados y testigos". "Sin duda, superará con mucho en magnitud, aunque la gravedad no es la misma, claro, porque no hay muertes, al del 11-M", indicó el presidente de la Audiencia, quien señaló que de ese proceso "hemos aprendido en cuanto a intendencia, infraestructura y atención a medios de comunicación". Recordó que la Junta de Andalucía "se ha puesto en contacto con la Audiencia Nacional para ver lo que necesitaron y lo que se podría mejorar porque es un reto".