C's propone reducir la administración y los cargos de confianza del Govern un 50%

El grupo parlamentario de C's ha registrado este miércoles 15 propuestas de resolución en el marco del pleno monográfico sobre pobreza y reactivación económica, entre las que destacan la creación de una comisión para la reducción de la administración catalana con un recorte del 50% los cargos de confianza del Govern.

En el documento registrado, se solicita que se establezca que los cargos de nivel inferior a director general se escojan entre funcionarios de carrera mediante concurso "en lugar de por procedimientos de libre designación como se estaba haciendo hasta ahora".

Piden suprimir los consejos comarcales, fomentar las mancomunidades y promover la fusión voluntaria de municipios "para ofrecer de forma eficaz y eficiente el mismo nivel de prestaciones a todos los ciudadanos".

El texto incluye medidas de apoyo a los autónomos entre las que cuenta la desgravación de hasta 300 euros para la contratación de servicios a la cuota íntegra autonómica del IRPF.

También sobre ese tramo del IRPF piden cargar una de sus propuestas para garantizar un sueldo digno a través de un complemento salarial por vía del impuesto anual negativo aplicable a dicho tramo y acelerar los trámites parlamentarios para la aprobación de una Renta Garantizada de Ciudadanía.

Para fomentar el empleo de personas con discapacidad, proponen, entre otras cosas, un aumento al 7% de la cuota de reserva de empleo en las administraciones públicas y organismos dependientes de la Generalitat.

DEUDA CON PROVEEDORES

Solicitan habilitar una partida presupuestaria suficiente en 2016 que contenga como mínimo el nivel de gasto que preveían los Presupuestos de 2015 y establecer un plan de calendarización para cumplir con los pagos necesarios a las farmacias catalanas, a las residencias, a los centros sanitarios y educativos, así como al resto de entidades sociales.

Piden disminuir las listas de espera en la Sanidad, actualizar la cartera de Servicios Sociales, prorrogada desde 2010, destinar viviendas de entidades financieras procedentes de los desahucios "preferentemente al alquiler social" y garantizar a las familias afectadas el establecimiento de un alquiler social que no supere el 30% de sus ingresos.

Quieren proveer de los fondos necesarios para resolver las situaciones de falta de acceso a los suministros energéticos básicos de la vivienda "gestionando eficazmente el Fondo de Pobreza Energético, corrigiendo así el bajo nivel de uso que se le ha dado hasta el momento".

Proponen crear un Observatorio para los sin techo con la participación de los agentes sociales, y un pacto para combatir la pobreza infantil para que, de forma progresiva, el gasto en política de infancia de la Generalitat, que actualmente destina el equivalente a un 0,9% del PIB, pase a destinar un 2,2% en el plazo de cinco años.

Piden considerar la renta mínima de inserción un derecho subjetivo no condicionado a la disponibilidad presupuestaria y asegurar el pago a todos sus beneficiarios que cumplan los requisitos.