Martínez declara durante 2 horas y critica la 'instrumentalización' del caso por el PSM

Madrid, 30 mar (EFE).- La delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, que hoy ha declarado como testigo durante dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, que lleva el denominado "caso Becara", ha acusado al Grupo Socialista de "instrumentalizar" un conflicto entre dos privados.

Después de Martínez ha declarado también el viceconsejero de Transportes y ex gerente de Urbanismo, Luis Armada, y estaba previsto que a continuación lo hiciera el jefe de la unidad técnica de licencias del Ayuntamiento, José Ramón Orellana.

Estas declaraciones se producen a instancias del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid, después de que el concejal presidente de la Junta de Distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, acusado de trato de favor a los propietarios de la tienda de decoración Becara en la calle Juan Bravo 18, declarase ante el juez el pasado 29 de septiembre que todas las licencias se tramitaron en Gerencia de Urbanismo.

En posteriores declaraciones a los periodistas, la delegada de Urbanismo ha argumentado que "claramente no puede existir trato de favor" cuando Henríquez de Luna "no ha intervenido, no ha dictado ninguna resolución ni ha tenido nada que ver con las licencias de funcionamiento que tiene Becara".

"Entiendo que el señor Íñigo Henríquez de Luna es un señor honorable y me parece muy injusto que se le esté acusando de trato de favor", ha dicho Martínez, que ha recordado que ella "no estaba en este ayuntamiento en el año 98", cuando se inicia la tramitación del expediente de esa tienda.

La concejala del PP, que ha respondido a todas las preguntas que le han formulado el letrado del Grupo Socialista y los demandantes -"los Goyeneche", ha precisado-, cree que el PSOE "ha instrumentalizado algo que puede ocurrir en la administración pública".

Ha explicado en este sentido que aquí hay "un conflicto entre dos partes, entre dos privados, que dura ya 10 años con un coste económico muy importante por parte de las administraciones públicas", y ha considerado que no es "justo ni correcto que se permita la utilización de los tribunales ni de las administraciones para dirimir un conflicto entre dos familias".

Pilar Martínez ha opinado que los dueños de Becara "tienen derecho", puesto que se lo dio el Pleno del Ayuntamiento en 2002, siendo alcalde José María Álvarez del Manzano, a poder transformar la segunda planta del local, que era una oficina de una tienda de coches usados, en tienda de muebles, como el piso de abajo.

Sin embargo, "teniendo derecho", ha insistido, los propietarios "todavía hoy no lo han podido ejercer, todavía hoy lo que tienen es una licencia para vender y exponer muebles en la planta de abajo pero las planta de arriba tiene que ser oficina", lo que a su juicio demuestra que no ha habido el trato de favor que los demandantes y el Grupo Socialista alegan.

Además, la responsable de Urbanismo cree que no hay "ninguna peligrosidad ni para los usuarios ni para los vecinos" en que esa segunda planta se transforme también en tienda de decoración.

Lo que sí reconoce que ha ocurrido es que el expediente administrativo de esta tienda es "muy complejo", acumula "montones de recursos y de sentencias y fallos judiciales" y "ha estado a lo largo de toda la historia muy desordenado", a lo que ahora se suma su "instrumentalización".