No saldrá gratis y el Gobierno ha decidido no alargar más la agonía del desgobierno y la vulneración de la ley en Cataluña y ha decidido aplicar un duro artículo 155, que entra de lleno en materia económica, que queda en exclusiva en manos del Gobierno.
Las mayores empresas españolas tienen los números del escenario económico catastrófico que afrontaría Cataluña en caso de que llegara a ser una realidad su independencia del Estado español. Así lo desvelan informes internos que las principales corporaciones del Ibex 35 manejan con discreción y a los que ha tenido acceso este diario.
El deterioro de la actividad comercial, la fuga de empresas y capitales, y la exclusión de la Unión Europea meterían a la comunidad catalana en una espiral económica desastrosa de más paro, menos ingresos públicos y carencia total de recursos de financiación. Si la desconexión catalana se produce, la comunidad pasaría de ser una de las regiones más ricas y prósperas de Europa, a un escenario de debacle económica y social cercano al de los países en desarrollo más pobres del continente.
Los dirigentes catalanes que lideran el secesionismo presumían esta misma semana de tener un índice de paro cuatro puntos por debajo de la media española y un ritmo de crecimiento por encima del 3%. Pero no han tenido en cuenta que una Cataluña independiente, fuera del entorno de la zona euro y con una moneda devaluada (se estima que hasta en un 50% sobre el valor actual del euro), generaría un deterioro en la actividad comercial e inversora que podría generar cerca de 700.000 parados más a corto plazo.
Hoy Cataluña representa cerca del 30% del comercio exterior español, pero el establecimiento de un sistema de fronteras con España y la UE le generaría un deterioro de entre el 50% y el 70% en el saldo comercial positivo catalán, que, según los expertos que han elaborado los cálculos para las grandes empresas españolas, puede suponer una pérdida del orden de medio millón de empleos en la zona.
Más allá de las cifras y las estimaciones que los informes revelan y que siempre dependen de los acontecimientos, lo que se demuestra en el análisis de la situación es que lo que hoy es un círculo virtuoso de crecimiento y creación de empleo en la zona, se convertiría en una caída en picado que haría huir a las empresas (ya lo están haciendo a un ritmo frenético), frenaría cualquier inversión exterior y llegaría a generar un deterioro en las rentas particulares de los ahorradores catalanes que tardarían décadas en recuperar, si es que eso fuera posible.
A nadie se le escapa que una reducción tan fuerte en el empleo (cinco veces la población de Girona) recortaría los ingresos fiscales y de la Seguridad Social de forma significativa y generaría un desequilibrio en el saldo de las cuentas públicas muy difícil de salvar sin recortes en el gasto social y, sobre todo, en las pensiones. Los cálculos iniciales reflejan una caída de entre el 35 y el 40% en la pensión media (más de 350 euros al mes) en cualquier caso.
Recorte de las pensiones
Al día siguiente de proclamar “desde el balcón” su república, Los dirigentes de una Cataluña independiente se encontrarían fuera de la UE y con un bloqueo total a las fuentes de financiación convencionales de una economía desarrollada, como hasta ahora han tenido. El Estado español dejaría de ser su avalista en los mercados internacionales y se quedarían sin transferencias ni adelantos de caja del Ejecutivo central, con lo que no solo se paralizaría la actividad empresarial, sino que se verían seriamente afectadas las rentas particulares.
Por más que los propios autores de los informes reconozcan que han elaborado un documento “de máximos” sobre el efecto económico de una Cataluña independiente y fuera del euro, las reflexiones que se plantean son de pura lógica económica: la única manera de equilibrar las cuentas públicas, sin opción de endeudamiento y con una tasa de paro que superaría el 31%, sería un recorte en el gasto público de entre el 25% y el 35%, algo que haría temblar las bases mismas del estado de bienestar en Cataluña, es decir, las prestaciones públicas de educación, sanidad y servicios sociales.
Los informes elaborados se centran en cuestiones económicas y contables, pero no dejan de advertir que todo debe estar enmarcado y matizado por lo que ocurra en una negociación compleja y el contexto internacional. De lo que no cabe duda es de que las consecuencias económicas del 'procés' y la posible independencia catalana serán “siempre negativas”, y estarán afectadas por un marco político y jurídico inestables, que han perdido toda la legitimidad en el proceso.
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