Inmaculada Gálvez: "Yo me retiro, estoy cansada de luchar contra este sistema corrupto"

Inmaculada Gálvez ha perdido la cuenta de las veces que ha ido a los juzgados a denunciar los desmanes urbanísticos en Málaga. Primero, con Jesús Gil, después con el Malaya. Esta abogada fue la primera en identificar todos los excesos del Plan General de Ordenación Urbana del ayuntamiento de Marbella (PGOU) y ponerlo en conocimiento de la Justicia. Se llevó casi tantos portazos como denuncias.

Con estupor, veía cómo sus procedimientos quedaban archivados pese a los más que sobrados indicios de un alcalde que había hecho del exceso su bandera. Por poner un ejemplo. Para el 'caso Belmonsa', la concesión ilegal de una licencia para construir un edificio de 13 plantas en una zona verde, llegó a presentar hasta cien denuncias. La mayoría se 'perdieron' en los juzgados y la sentencia tardó más de diez años en llegar. El fallo condenó, entre otros, a Julián Muñoz, que había presidido la comisión de gobierno municipal en la que, en 1997, se otorgó la licencia y el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca. Los dos, hombres fuertes del Malaya.El azote de Gil

Hija de un oficial de la Policía Armada, su temperamento convirtió a Gálvez en el azote de Gil durante años. Era vox populi que ni el alcalde ni su entorno soportaban a aquella abogada dispuesta a ir a por todas contra la urbanización salvaje de la que el partido presumía y ante la que todos mostraban un silencio cómplice. Preocupada por la desaparición de las zonas verdes en la ciudad, inició una lucha sin cuartel contra el todopoderoso alcalde y se introdujo en los intestinos de la política. Era 1997 y un año después, ya había presentado cuarenta denuncias ante la Fiscalía por el Plan de urbanismo. Apuntaba ya entonces a delitos por desgracia luego tan 'populares', como cohecho, prevaricación, malversación o tráfico de influencias. Pero el destino era siempre el mismo, la papelera.

Su labor fue entorpecida repetidamente por los tribunales hasta que el juez Santiago Torres tomó los mandos de las investigaciones y llevó a Gil a la cárcel por el 'casoCamisetas' por cuatro delitos de prevaricación y el desvío de 450 millones de pesetas de Ayuntamiento al Atlético de Madrid sin contar con autorización municipal y con el único fin, según el fallo, de "obtener una propaganda electoral de cara a los ciudadanos". Pese a que Gil apenas pasó tres noches en prisión-sufrió arritmias e hipertensión-el caso fue el principio del fin de su carrera política.

En 2002, antes de que recibiese la sentencia que lo inhabilitaría durante 28 años para ocupar cargos públicos, convocó una rueda de prensa para anunciar su dimisión. El salón de plenos, abarrotado, le despidió con aplausos. "Me voy con la cabeza alta y nadie puede decir que he metido la mano en el cajón", dijo. Poco antes, había pasado seis días en prisión por la presunta malversación de más de 1.400 millones de pesetas del Ayuntamiento, el 'caso Saqueo'. En 2004, el Supremo lo declaró culpable del 'Caso Atlético', por apropiación indebida del Atlético de Madrid en la transformación del club en Sociedad Anónima. Por entonces, Gil ya había fallecido. Un año después, el Ministerio de Trabajo determinó que la deuda de los ayuntamientos gobernados por el GIL con la Seguridad Social suponía más de la mitad de la de todo el resto de municipios juntos.El germen del caso 'Malaya'

Cúlmen de un modelo urbanístico desordenado y del 'todo vale', el alcalde había convertido la recalificación fácil, la financiación irregular y la compra de silencios en los ejes de su forma de gobernar. Presumía orgulloso de ser el rey del cemento y el ladrillo, de haber revitalizado Marbella poniéndola en el punto de mira de los atractivos inversores y de los circuitos mediáticos, arrasaba en las elecciones, y salía indemne de las denuncias de la oposición, y de Gálvez. La mayoría de las irregularidades quedaron en el silencio, o fueron resueltas con apenas una multa económica.

Promotora de la Plataforma Ciudadana para la revisión del PGOU de Marbella, la abogada se convirtió en 2000 en la primera diputada de Los Verdes en el Parlamento andaluz, un cargo que mantuvo hasta 2004. Por entonces, otro de sus caballos de batalla eran las irregularidades que acumulaba el hotel Guadalpín, propiedad de la promotora Aifos, y uno de los gérmenes del caso Malaya. Sus denuncias llevaron a la condena de los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, y al arranque de una investigación que destapó después una de las tramas de más impacto en nuestro país, con 86 condenados. "Aquello fue un teatro", apostilla. Sus denuncias llevarían también después a Isabel Pantoja a prisión."Me tengo que ir de la primera línea, estoy sufriendo"

Tras estos veinte años de lucha, se declara agotada y frustrada en su labor profesional. "Estoy muy cansada", reconoce. Tratada por el síndrome de 'burn out' por la carga de estrés soportada durante este tiempo, asegura que su activismo contra las corruptelas se ha traducido en una persecución sin tregua de la propia Justicia. "Tengo catorce sentencias en la sala de lo contencioso sin ejecutar, los expedientes congelados... estoy sufriendo aquella advertencia que me hicieron ya en 1997 de una animadversión generalizada por haber ido contra la corrupción 'caiga quien caiga'", denuncia, "encuentro más obstáculos de lo normal, no se me pasa ni una". Eso, dice, es peor que las amenazas físicas, también recibidas.

Afirma que nunca se sintió protegida en sus denuncias. Al contrario. "Aquí el denunciante es un bicho raro. No interesa protegerlo, porque los tres poderes son cómplices del sistema". Preguntarle cómo frenar la corrupción arroja una respuesta pesimista. "No quiero saber nada, ni pensar cómo se puede combatir un sistema tan corrupto. Creo que no hay conciencia y así es imposible. Todos tenemos algo que callar".

¿Resistirá sin dar la batalla contra la corrupción? "Me haré un blog", dice rotunda, "Pero me tengo que quitar de la primera línea porque estoy sufriendo mucho. Escupiré todo allí, aunque criticar tanto al sistema judicial, quizás no merezca la pena..."