El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, anunciará este lunes que deja la presidencia de la corporación provincial y su acta como diputado provincial, tras estar investigado en la operación Alquería, pero que se mantiene como alcalde de la localidad valenciana de Ontinyent, según ha podido saber Europa Press.
Rodríguez aseguró en la rueda de prensa donde anunció su dimisión que seguramente habrán "cometido errores" aunque rechazó tajantemente haber "metido la mano". "Estoy convencido de mi inocencia pero también que mi continuidad no era una opción. Estoy seguro de que para demostrar mi inocencia es mejor estar fuera de la Diputación. Algunos creerán que hemos puesto el listó muy alto de la honradez, pero ese es el listón con el que siempre hemos querido trabajar los socialistas", dijo el ya expresidente de la Diputación de Valencia. "Me voy con la conciencia muy tranquila", añadió Rodríguez.
Esta decisión se produce tras reunirse este fin de semana con el secretario general del PSPV, Ximo Puig; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la directora general de Vivienda y secretaria general de la formación en Ontinyent, Rebeca Torró, en las que se acordó la necesidad de que Rodríguez diera "un paso al lado" para "no perjudicar al partido" y pudiera "centrarse en su defensa", según indican las mismas fuentes.
Asimismo, señalan que esta decisión busca "no dañar" el proyecto político de Ximo Puig en la Generalitat y el de Pedro Sánchez en el Gobierno de España y para que el PP "no aproveche este asunto" para perjudicar la labor en la corporación provincial. No obstante, subrayan que Rodríguez se mantendrá como alcalde de Ontinyent porque entiende que la investigación abierta "no afecta a su gestión en el ayuntamiento" de la localidad valenciana, precisan las mismas fuentes.
Rodríguez, suspendido de militancia por el PSOE, fue detenido el pasado miércoles en un presunto caso de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en mayo 2018 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015. Las diligencias están secretas.
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