El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu continúa admitiendo la personación en la causa del 'Popular' de accionistas y clientes perjudicados por la quiebra de la entidad, y ello pese a que el Banco Santander ya ha mostrado su disconformidad con que la instrucción siga por ese cauce.
Los últimos autos del juez van destinados precisamente a dar luz verde a la inclusión en la causa de particulares que, en su escrito remitido al juzgado, acreditan que adquirieron acciones de la entidad, ya fuera antes o después del periodo investigado.
Por ello, todo parece indicar que la respuesta de Andreu al recurso interpuesto por el Santander en el que pedía que no se personaran en la pieza principal clientes que no participaron en la ampliación de capital de 2016, será negativa.
Lo que busca el banco que preside Ana Botín es que los accionistas previos y posteriores a la fecha investigada figuren únicamente en la segunda parte de la causa, relativa a la presunta campaña que se puso en marcha de de desprestigio de la entidad, ya bajo la presidencia de Emilio Saracho.
Cabe recordar que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 dividió la causa penal en dos piezas, la primera de las cuales investiga presuntas irregularidades en el folleto informativo de la ampliación de capital, con Ángel Ron como presidente. La segunda consistió en la difusión de noticias falsas sobre supuestas dificultades financieras del Popular que no eran ciertas y que buscaban alterar, a la baja, el valor de las cotizaciones.
Informes periciales
Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que el juez archive esta última antes de que finalice la instrucción, la defensa del banco que compró el Popular por un euro no está por la labor de que cualquier cliente que adquirió productos financieros permanezca en la pieza principal, puesto que esto complicaría el transcurso de la vista oral.
Tras recibir la información solicitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el instructor está ahora a la espera del dictamen pericial encomendado sobre el estado de las cuentas del Banco Popular, de cara a esclarecer si se cometió o no delito con la ampliación que costó 2.505 millones de euros.
El próximo mes de noviembre se cumplirá un año de instrucción después de que Andreu, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, admitiera a trámite tres querellas contra Ángel Ron y Emilio Saracho así como contra los miembros del consejo de administración en el momento de los hechos, por delitos de falsedades societarias, falsedad documental, administración desleal, manipulación del mercado y apropiación indebida.
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