El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tiene pendiente decidir si investiga al Partido Popular como persona jurídica y a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por la presunta financiación irregular del PP madrileño en el marco de la trama Púnica.
El juez dejó en el aire la petición formulada por la acusación popular que ejerce Izquierda Unida y le emplazó a actuar bajo la dirección de Adade. Ahora, la formación recurre la decisión del instructor y le pide que se pronuncie sobre el fondo del escrito, esto es, acerca de si cita a declarar como investigado al partido que preside Pablo Casado, según informan a La Información fuentes jurídicas.
Izquierda Unida, que también está personada como acusación en el caso Lezo, remitió este escrito al juzgado tras la documentación aportada por Indra sobre el presunto desvío de fondos desde la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) al PP madrileño. En concreto, los hechos a los que se refiere ocurrieron entre los años 2012 y 2013, bajo la presidencia de Ignacio González.
Según apunta, existen “pocas dudas” de que la agencia pública desvió fondos de manera ilegal al PP regional para sufragar gastos de las campañas electorales. Se trata de hechos constitutivos de delito de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, teniendo en cuenta que se produjeron cuando ya había entrado en vigor la reforma del Código Penal que permite la investigación de partidos políticos.
En lo que respecta a Esperanza Aguirre, no es la primera vez que se solicita su citación en esta causa. Misma petición realizó el presunto cabecilla de la trama y exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y que amplió a los expresidentes madrileños Ignacio González y Cristina Cifuentes y la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.
Investigación derivada de Lezo
En esta ocasión, la acusación considera que existen elementos de sobra para que la expresidenta regional responda en calidad de imputada acerca del conocimiento que tenía de esta práctica, ante el grado de “implicación, complicidad y cercanía” con Granados.
En su recurso al auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, la formación pide además que entre en el fondo del asunto puesto que se trata de una parte de la causa derivada de la trama Lezo, en la que se investigan presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II durante la presidencia regional de Ignacio González. No obstante, el magistrado incluyó esta parte de la instrucción en Púnica, por su relación con la presunta financiación irregular del PP madrileño.
A la espera de que se pronuncie sobre este recurso, el magistrado ya ha dado muestras de su negativa a imputar a Aguirre y otros exaltos cargos del PP. La última vez fue el pasado mes de febrero cuando apuntó que sería el resultado de las diligencias practicadas en esta investigación -que estalló en octubre de 2014- lo que determine el devenir de sus actuaciones.
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