El Ayuntamiento de Barcelona ya ha retirado de su fachada el lazo amarillo en apoyo a los políticos independentistas presos, acatando así la resolución de la Junta Electoral de Zona, que le ordenaba a hacerlo en un plazo de 12 horas. Según la resolución del órgano electoral, este símbolo "vulnera flagrantemente la neutralidad del Ayuntamiento de Barcelona" en periodo previo a las urnas.
Como informa Europa Press, fuentes municipales han explicado que el consistorio, que podía haber recurrido la decisión, "quiere contribuir a generar un clima de debate electoral sereno y constructivo que se dé en el terreno de la política y no en el ámbito judicial". La Junta Electoral emitió esta orden tras admitir una denuncia presentada por el concejal del PP Alberto Fernández Díaz y después de que unos encapuchados retiraran el lazo esta madrugada y el ayuntamiento lo repusiera.
La resolución de la Junta Electoral recogía la misma doctrina de la Junta Electoral Central que ya ordenó este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña retirar las banderas esteladas y lazos amarillos de edificios públicos dependientes de la Generalitat, entre ellos el Palau de la Generalitat, situado en frente del Ayuntamiento de Barcelona.
La Junta entendía que "la colocación de lazos amarillos en el mobiliario público, así como otros símbolos o pancartas, banderas esteladas, etc. es un acto que vulnera flagrantemente la neutralidad del Ayuntamiento de Barcelona toda vez que dichos símbolos exterioriza la ideología de determinados partidos y personas que concurren al proceso electoral pero no de la totalidad de la ciudadanía".
Durante los periodos electorales los poderes públicos están obligados a mantener estrictamente la neutralidad política y por tanto deben abstenerse de colocar en edificios públicos de los lugares de titularidad pública, así como en locales electorales, símbolos que puedan considerarse partidistas y deben retirar los que se hubieran colocado antes de la convocatoria electoral.
La junta electoral es la encargada de garantizar la transparencia e igualdad entre las formaciones políticas concurrentes a las elecciones y de preservar el respeto y el deber de neutralidad política que deben tener los poderes públicos durante el proceso electoral.
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