Martes, 19.02.2019 - 21:02 h
El Tribunal de Cuentas revisará la sentencia

La multa contra Ana Botella 'salta' de la amiga de Carmena a la ministra de Aznar

Margarita Mariscal se perfila como ponente del recurso contra la condena impuesta inicialmente por María Antonia Lozano, próxima a Manuela Carmena.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella
La multa contra Ana Botella 'salta' de la amiga de Carmena a la ministra de Aznar. / EP

El terremoto generado en la política municipal madrileña tras la espantada de Íñigo Errejón como diputado de Podemos y su cohabitación con la plataforma electoral de Manuela Carmena va a tener ahora una segunda réplica cuando el Tribunal de Cuentas confirme en los próximos días oficialmente la designación de Margarita Mariscal de Gante como ponente del recurso presentado por Ana Botella contra la multa de casi 23 millones de euros impuesta en primera instancia por este mismo organismo a finales del pasado año. La condición de Margarita Mariscal de Gante como ex ministra de Justicia durante la primera legislatura de José María Aznar se convertirá, sin duda, en arma arrojadiza de la batalla política en la capital, más si cabe teniendo en cuenta que los plazos para la revisión de la condena podrían coincidir en plena campaña electoral.

La multimillonaria multa impuesta a la exalcaldesa y seis de sus antiguos altos cargos es un claro ejemplo de la politización que caracteriza a los principales estamentos de regulación y supervisión económica en nuestro país. Ana Botella y sus colaboradores fueron denunciados a instancias de la actual primera teniente de alcalde, Marta Higueras, mano derecha de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. La demanda estaba fundamentada en la venta de 1.860 pisos por parte de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) al fondo Blackstone en una operación efectuada en octubre de 2013 y que presuntamente se materializó por debajo del precio de mercado y sin concurrencia pública.

El Tribunal de Cuentas resolvió el litigio con una sentencia condenatoria en la que determinaba la responsabilidad directa en los hechos denunciados del antiguo consejero delegado de la EMSV, Fermín Oslé, a quien imponía una multa de tres millones de euros. Pero además la resolución extendía la sanción a la exalcaldesa del PP y a todos los concejales que habían formado parte de la junta general de accionistas de la citada Empresa Municipal de Vivienda. La resolución fue hecha pública el pasado 28 de diciembre incidiendo en que la enajenación de los activos se realizó “sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer un estudio técnico de la necesidad económica y viabilidad jurídica de la misma, ni fijar con carácter previo, mediante el oportuno informe técnico o tasación homologada, el valor de los inmuebles a enajenar".

La notoriedad de los políticos involucrados en el proceso y los términos acerados en que se expresaba el órgano de fiscalización del sector público generaron la lógica alarma social, apagada en última instancia gracias al paréntesis de las vacaciones navideñas. En el intervalo de estas últimas semanas se ha conocido que la firmante de la sentencia fue la consejera del Tribunal de Cuentas, María Antonia Lozano, quien llegó al puesto a instancias del PSOE previa proposición de Izquierda Unida. En el historial profesional de la ponente figura también una relación profesional con la propia Manuela Carmena, con quien trabajó en los años setenta en el despacho laboralista de la calle Atocha y en el antiguo Partido Comunista Español. Para más señas, la propia Marta Higueras también colaboró con María Antonia Lozano en la secretaría del Tribunal de Cuentas como informó la sección LibreMercado de Libertad Digital.

La amistad personal con Marta Higueras motivó precisamente que la  ponente de la sentencia invocara su derecho de abstención en la causa, pero la sala de Justicia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas desestimó la petición con el argumento de que la actual teniente de alcalde no participó en los hechos denunciados. La amistad entre personas no es suficiente a juicio del Tribunal de Cuentas cuando se trata de dilucidar las actuaciones de una persona jurídica. O dicho de otro modo, Lozano es amiga de Higueras pero no de la Empresa Municipal de Vivienda a la que se imputaron las responsabilidades por la venta a derribo de las viviendas.

Caballo de batalla electoral

​La paradoja del caso que ahora se plantea es que el mismo departamento que respaldó la legitimidad de María Antonia Lozano para juzgar el caso será el encargado de revisar la sentencia tras el recurso presentado por la parte demandada. La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas esta formada por cuatro miembros; dos vinculados al PP y otros dos al PSOE. Los dos primeros son la citada ex ministra de Justicia, Margarita Mayoral, y José Manuel Suárez Robledano, que actúa en calidad de presidente. Los dos segundos son Felipe García y la propia María Antonia Lozano, si bien ésta última quedará al margen de esta segunda instancia al haber sido la redactora de la sentencia inicial.

Con estos antecedentes y en prevención de una más que probable revocación de la condena algunos sectores vinculados con el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid han empezado a calentar motores contra los mecanismos de actuación del Tribunal de Cuentas. Dentro del organismo de fiscalización y enjuiciamiento aseguran que las resoluciones son informadas por los consejeros siguiendo un riguroso orden de turno. En consecuencia, cualquier crítica o susceptibilidad sobre el desenlace final del procedimiento sólo puede ser interpretada dentro del manido juego de intereses que contamina la vida pública en España. En el caso de la multa contra Ana Botella se podría invocar perfectamente aquello de donde las dan las toman pero eso no va a impedir que el 'affaire' se convierta en caballo de batalla electoral con todos los partidos políticos velando armas de cara a la cita del próximo 26 de mayo.

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