La huida de Carles Puigdemont a Bruselas y su incomparecencia hoy en la Audiencia Nacional para declarar como imputado por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, ha sido uno de los motivos esgrimidos por la juez Carmen Lamela para enviar a nueve de los antiguos miembros de su Gobierno a prisión. El auto de la instructora recuerda que “algunos querellados”, entre ellos el expresident, “ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”.
Los encarcelados son el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turul (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Dolors Bassa (Bienestar Social), Meritxell Borrás (Gobernación), Joaquim Forn (Interior) y Carles Mundó (Justicia). La magistrada también envía a prisión al exconsejero de Industria, Santi Vila, pero permitirá su salida si abona 50.000 euros de fianza. El tratamiento diferenciado respecto de sus excompañeros se explica porque Vila abandonó el Ejecutivo catalán antes de la declaración unilateral de independencia, por lo que la juez considera que no existe en su caso riesgo de reiteración delictiva.
Los querellados no irán a la prisión de Soto del Real, como otros presos preventivos de la Audiencia Nacional. Pese a que en un primer momento se pensó en dispersarlos en distintas cárceles de la Comunidad de Madrid, al final el Gobierno ha optado por enviar a todos los hombres al centro penitenciario de Estremera y a las mujeres (Bassa y Borrás) a la prisión para mujeres de Alcalá-Meco.
Lamela afirma en su resolución que los ocho exconsellers para los que ha ordenado la prisión incondicional están acusados de delitos que podrían alcanzar en su conjunto los 50 años de cárcel -25 por rebelión, 15 por sedición y 10 por malversación- lo que le permite “presumir más intensa la tentación de la huida”. La acción de todos ellos, según la instructora “fue premeditada y organizada reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”.
La magistrada subraya también su “poder adquisitivo” que a su parecer “les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero”. “Los investigados vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la justicia”, prosigue Lamela. “Algunos de ellos incluso pertenece a Asamblea Nacional Catalana (ANC) 7 Òmnium Cultural, las cuales han jugado un papel decisivo en el proceso soberanista”.
La jueza prosigue analizando el resto de requisitos que exige la ley para acordar la prisión provisional asegurando que existe “una alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern de la Generalitat”.
La instructora aprecia también “alto riesgo de reiteración delictiva”, es decir, la posibilidad de que los imputados sigan delinquiendo. Y subraya que las infracciones que se les achacan “se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años (…) reincidiendo constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional que los investigados conocían de forma personal y directa”.
La excepción de Vila
Esa posibilidad de que pueda cometer otros delitos la juez no la encuentra, sin embargo, en el caso de Vila, al tener en cuenta “que el mismo desistió de voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre de 2017, esto es, un día antes de que la declaración unilateral de independencia fuera votada en el Parlament, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista”.
La resolución dibuja "un plan estratégico" del Govern "cuyo principal objetivo era crear un Estado propio", para ello sus miembros optaron por generar como último recurso "un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la negociación de la separación o, en su defecto, un referéndum forzado que igualmente les permitiera declarar la independencia".
Para ello, urdieron, según la juez "una estrategia de todo el movimiento secesionista" con reparto de papeles entre "las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas", refiriéndose expresamente a ANC y Òmnium, a las que califica de "brazo civil del levantamiento". Ese plan "llevaría a la celebración del referéndum ilegal del día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado día 27 de octubre".
Actuaciones concretas de los imputados
El auto se refiere a algunas acciones concretas de los investigados. De Puigdemont, huido en Bélgica, destaca la carta que envió a todos los alcaldes de Cataluña para que pusieran a disposición de la Generalitat sus locales municipales para el referéndum. De Forn, exconsejero de Interior, recoge unas declaraciones en las que afirmaba que "si hubiera buena voluntad y se aceptara la nueva realidad política [la independencia] no tendría que haber colisión" entre los Mossos y la Policía o la Guardia Civil. También dijo que la policía autonómica permitiría "votar con tranquilidad" el 1-O.
Rull, el exconsejero de Territorio, se habría encargado de organizar el rechazo institucional a los policías y guardias civiles enviados a Cataluña por el Estado. La juez subraya que tuiteó "no les hemos dejado atracar", en relación a los barcos en los que se alojan los agentes en el puerto de Barcelona. También publicó otros mensajes como "para reprimir no hay congelación de cuentas", al referirse a los gastos de la estancia de esos efectivos, o "la presencia testosterónica de la policía en el puerto está entorpeciendo las exportaciones".
Bassa, la ex de Bienestar, habría alentado las huelgas generales convocadas entre el 2 y el 13 de octubre, y señala como prueba un comunicado de su departamento en el que manifestaba la adhesión del Govern a la convocatoria y aseguraba que "al personal que se sume o se ausente no se le computará esta ausencia". Borrás, la de Gobernación, habría adoptado medidas para obtener el material para celebrar el referéndum.
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