Parlamento de El Salvador suprime las penas de cárcel contra los periodistas

  • El Parlamento de El Salvador eliminó hoy las penas de cárcel a los periodistas por los delitos contra el honor y las cambió por multas, con el rechazo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el poder.

San Salvador, 8 sep.- El Parlamento de El Salvador eliminó hoy las penas de cárcel a los periodistas por los delitos contra el honor y las cambió por multas, con el rechazo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el poder.

La Asamblea Legislativa reformó cinco artículos del Código Penal que establecían las penas de prisión relacionadas con los delitos de difamación, calumnia e injuria.

En lugar de ello, según el texto aprobado por los legisladores, quienes incurran en dichos delitos podrán ser sancionados con un máximo de 360 "días-multa", calculados sobre la base de 6,25 dólares, que es el salario mínimo urbano diario en El Salvador.

Las enmiendas fueron aprobadas por 46 diputados de los cuatro partidos de derecha, encabezados por la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) -que presentaron la iniciativa en el Parlamento-, de 84 miembros, de los que 81 asistieron al plenario.

Los 35 diputados del FMLN, la antigua guerrilla izquierdista, votaron contra las reformas.

El FMLN promovía un proyecto que mantenía las penas de cárcel y añadía sanciones como la pérdida de beneficios fiscales contra los medios de comunicación que incurrieran en delitos contra el honor y no dieran el derecho de respuesta a los afectados.

En agosto pasado, propietarios y ejecutivos de medios de comunicación, junto a dirigentes del gremio periodístico, mantuvieron varias reuniones con diputados para pedirles que se suprimieran las penas de cárcel.

La preocupación de periodistas y medios de comunicación aumentó después de que, el 25 de septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una disposición del Código Penal que garantizaba a la prensa la protección ante juicios penales.

Ese fallo fue interpretado por la prensa como un golpe a la libertad de expresión porque permitía que los medios, sus propietarios, directores, editores, gerentes y reporteros fueran enjuiciados por calumnia, injuria o difamación.

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