HRW advierte de que la nueva política migratoria de Trump dañará a "millones de inmigrantes y estadounidenses"

Trump ha firmado sendas órdenes ejecutivas para reforzar la seguridad en el interior del país basándose en la lucha contra los inmigrantes que están en territorio estadounidense de forma ilegal, medidas que HRW ha criticado por su ambigua definición, de tal manera que "se podrán aplicar a millones de inmigrantes, incluidos aquellos que no tienen historial delictivo".

"Con una acción tan extensa, el presidente Trump podría enviar fuera del país a millones de personas con historiales delictivos ínfimos --o incluso sin ellos--, devastando así a familias estadounidenses", ha señalado la codirectora de HRW para Estados Unidos Alison Parker.

Parker ha asegurado que esta orden "prepara el escenario" para una práctica de arrastre muy inclusiva que podría dañar a "personas con vínculos de larga data con el país" y "aterrorizar" a las comunidades.

En una de estas órdenes, Trump carga contra las denominadas "jurisdicciones santuario", que "violan totalmente las leyes federales en un intento de proteger a los extranjeros de ser expulsados de Estados Unidos", y que con ello "han causado un inconmensurable daño al pueblo estadounidense".

"La decisión de Trump de priorizar la eliminación de cualquiera que 'haya cometido actos que constituyan un delito punible' plantea serias dudas en materia de Derechos Humanos", ha apuntado HRW.

La organización también ha criticado las nuevas medidas del presidente, al que han señalado por querer "expandir drásticamente" el "ya abusivo sistema de detención de inmigrantes" del país.

Asimismo, HRW ha indicado que las nuevas políticas migratorias del republicano podrían "amenazar los derechos de los solicitantes de asilo", ya que con su orden ejecutiva se extiende el uso de los procedimientos de deportación por la vía rápida.

"El presidente Trump asegura que estas medidas son necesarias para poner primero a los estadounidenses pero, en su lugar, está dañando sus intereses de mantener a las familias unidas y la seguridad pública", ha advertido Parker.

"El Congreso y los tribunales, así como la sociedad en general, deberían controlar estas acciones y levantarse por los derechos de todos", ha concluido.