Un estudio de esta agencia constata que el flujo migratorio que recibe Libia entremezcla refugiados y solicitantes de asilo con inmigrantes económicos o víctimas de trata de seres humanos. El perfil ha variado y ha caído el número de personas llegadas del este de África, hasta el punto de que casi la mitad de quienes arriban a Europa a través del Mediterráneo Central tienen su origen en la parte occidental africana.
Según el estudio, los migrantes son en su mayoría hombres jóvenes (80 por ciento) que viajan solos (72 por ciento) y con una media de edad de 22 años. No obstante, el número de menores no acompañados va en aumento y ya representa el 14 por ciento de las llegadas a costas del sur de Europa, principalmente procedente de Eritrea, Gambia y Nigeria.
La mayoría de quienes llegan desde los países vecinos --Níger, Chad, Sudán, Egipto y Túnez-- atribuyen el viaje a razones económicas, un motivo esgrimido también por los migrantes de África occidental y central, principalmente Nigeria, Guinea, Costa de Marfil, Gambia, Senegal, Ghana, Malí y Camerún. En este segundo caso, ACNUR ha confirmado casos de trata de personas, en especial entre las mujeres, por lo que ha advertido de que podrían necesitar protección internacional.
Para los llegados de la zona este de África --Eritrea, Somalia, Etiopía y Sudán--, el viaje se debe a motivos políticos, conflictos y pobreza, mientras que en el caso de otras regiones --sirios, palestinos, iraquíes, marroquíes, bangladeshíes-- los motivos son mixtos y se mezclan la huída de un conflicto con la búsqueda de oportunidades de vida.
LLAMAMIENTO
El informe, elaborado por Altai Consulting a petición de ACNUR, se basa en datos cualitativos recabados entre octubre y diciembre 2016 en Libia, Argelia, Chad, Italia, Níger y Túnez. En este periodo, los investigadores han entrevistado a decenas de personas migrantes.
ACNUR ha advertido de que la situación geográfica, el conflicto y la inestabilidad en Libia han contribuido a la creación de un ambiente propicio para el surgimiento de redes criminales y de tráfico de personas. Además, el colapso del sistema judicial y la impunidad han llevado a muchos grupos armados y bandas criminales a participar en la explotación y abusos a refugiados e inmigrantes, personas especialmente vulnerables.
La agencia de la ONU ha solicitado 75,5 millones de dólares para reforzar la protección, el seguimiento y las intervenciones en Libia, así como sus actividades de incidencia y defensa del respeto de los Derechos Humanos, el acceso a servicios básicos y a los procedimientos de asilo, y la libertad de movimiento.
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