El gobierno británico pretende que sus servicios de inteligencia no necesiten, “en circunstancias urgentes”, pedir permiso a un juez para ver qué páginas ha visitado un usuario en el último año. Lo hace con la excusa de combatir el crimen organizado y, sobre todo, el terrorismo internacional.
Así lo ha justificado este miércoles la ministra de Interior, Theresa May: “Todos nos beneficiamos de las ventajas de internet, también los estafadores, los terroristas y el crimen organizado". También ha negado que las nuevas medidas violen los derechos de intimidad y privacidad de los internautas.
Según los planes del Ejecutivo británico, las empresas que proveen servicios de internet estarán obligadas a conservar durante un año todas las páginas que hayan visitado sus clientes. Los servicios de espionaje podrán acceder a estos registros por motivos de seguridad nacional.Perfiles y páginas visitadas
Se podrá saber si una persona visitó Facebook o cualquier red social, pero para conocer cuáles fueron los perfiles que visitó o qué tipo de comentarios escribió sí será necesaria el correspondiente permiso del juez. Si, una vez iniciada una operación de espionaje, el juez determina que debe revertirse, así se hará.
Se ha calculado que la ejecución del proyecto de ley costará a los contribuyentes británicos unos 247 millones de libras en los próximos 10 años, casi 350 millones de euros.
Se calcula que al menos 862 presuntos pedófilos no han podido ser identificados por falta de recursos legales para hacerlo, según informó la Jefatura contra la Explotación Infantil online.
A pesar de que los servicios de seguridad pueden ser bloqueados, el proyecto de ley no prevé ninguna norma que prohíba la encriptación de contenidos. Por tanto, se mantendrá el sistema actual que puede obligar a las empresas a desencriptar cualquier contenido cifrado.
El proyecto de ley ha iniciado su trámite y ahora tendrá que pasar por una comisión parlamentaria que evaluará detenidamente su contenido. Podrá proponer correcciones antes de que sea debatido por el pleno.Protestas ciudadanas
Varias organizaciones que defienden los derechos civiles ya han expresado su disconformidad por los planes legislativos del Gobierno. Lo ven como una extralimitación de las competencias de vigilancia del gobierno.
El periodista Gleen Greenwald, que publicó las informaciones filtradas por el analista de EEUU, Edward Snowden, denunció que, si la ley de espionaje es finalmente aprobada en el Parlamento, el Reino Unido se convertirá en “la única democracia del mundo que obliga a las empresas a guardar las páginas visitadas”.
El mismo Snowden ha denunciado el intrusismo que en su opinión la ley supone para la vida privada de los usuarios."It's only communications data" = "It's only a comprehensive record of your private activities." It's the activity log of your life. #IPBill— Edward Snowden (@Snowden) noviembre 4, 2015
Para contener estas protestas, la ley prevé protecciones para las comunicaciones de profesiones especialmente sensibles, como periodistas, médicos o abogados.
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