El PDeCAT apunta al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz como responsable del uso "partidista" de los recursos públicos del Ministerio pero también señala al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como conocedor de las actuaciones "ilegales" gestionadas en ese departamento, singularmente de las que han venido operando bajo la llamada 'Operación Cataluña'.
Así lo expone en su propuesta de conclusiones de la comisión de investigación sobre el supuesto uso político del Ministerio del Interior bajo el mandato de Fernández Díaz que defenderá este jueves en el citado órgano, que se reunirá para tratar de cerrar el correspondiente dictamen antes de elevarlo al Pleno después del verano.
El PDeCAT concluye que en esa etapa Interior destinó "recursos económicos y humanos a actuar como policía política para generar espacios mediáticos contrarios a los rivales políticos del PP", y procedió a "generar informaciones falsas y difamaciones, entre las que cita informes de la UDEF sobre el expresident Artur Mas y las cuentas falsas en Suiza del exalcalde de Barcelon Xavier Trias.
A su juicio, al airear esas informaciones antes de las elecciones autonómicas catalanas, se podría haber cometido un "delito electoral" y, por ello, propone remitir las conclusiones a la Fiscalía para que analice si este asunto es constitutivo de delito.
TODO PARA COMBATIR AL RIVAL POLÍTICO
Para los independentistas, el Ministerio de Interior en tiempos de Fernández Díaz mantuvo "una dinámica operativa no democrática, con un funcionamiento en ocasiones parecido a la utilizada durante el franquismo". En este contexto, reclama una denuncia expresa de la comisión sobre esas prácticas.
"El objetivo de algunos gastos públicos del Ministerio no era en ningún caso revelar y perseguir posibles casos de corrupción, sino más bien desinformar, a partir de casos que pudieren dar pie a confusiones, para difamar y generar un clima mediático destinado a combatir al rival político del Gobierno con recursos públicos", subrayan desde el PDeCAT.
Desde su punto de vista, ha quedado acreditado que existe "una conexión entre las fuentes que redactaron informes falsos y grupos de comunicación dispuestos a publicarlos con la misma voluntad que los redactores, la de perjudicar a sectores políticos concretos, siendo, en opinión de la comisión de investigación, cómplices necesarios para el desarrollo de dicha operación".
El PDeCAT también recalca que se han utilizado recursos públicos poder "comprar" información a posibles testigos y para presionar a todas aquellas personas que se podían considerar clave en un proceso de investigación.
Los independentistas catalanes recalcan que la comisión también ha servido para constatar la existencia de "un grave problema" en lo que se refiere a la separación de poderes entre el Gobierno y Fiscalía y respecto de competencias entre administraciones.
DEPENDENCIA ENTRE ANTIFRAUDE E INTERIOR
"No es admisible que la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, se precie de tener 'fiscales de confianza' en la conversación de la Camarga; o que el ministro Fernández Díaz afirmase que es posible que la Fiscalía 'afine' documentos para hacerlos más creíbles ante la opinión pública e iniciar investigaciones", argumentan.
También apuntan que en virtud de las grabaciones de las conversaciones entre ambos ha quedado probada una relación de "casi dependencia" el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso y el Ministro del Interior.
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