Así consta en una proposición no de ley registrada este jueves en el Parlamento Regional que se suma a otras mociones similares que cada grupo municipal socialista llevará a sus respectivos ayuntamientos y en las que se reclama, además, que se ponga en funcionamiento aquellas medidas del pacto que tienen que ver con las entidades locales y el papel que les corresponde en el ámbito de la atención y protección de las mujeres víctimas y sus hijos.
La portavoz socialista en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes, Ana Muñoz de la Peña, ha advertido de que aunque este pacto "nació de una iniciativa parlamentaria del PSOE", no es el pacto que su formación hubiera hecho, pero ha reiterado el apoyo de los socialistas al mismo porque, aunque "insuficiente", supone "mucho más de lo que había".
Así, ha explicado que el texto contempla un compromiso presupuestario de mil millones de euros para acciones de protección a las víctimas y combatir la violencia de género, a repartir en cinco años, de los que la mitad se repartiría entre las comunidades autónomas, 400 los gastaría directamente el Gobierno de España y 100 las entidades locales.
No obstante, para poner en marcha este pacto se contempla un plazo de dos meses para consensuar las medidas con autonomías, partidos políticos, sindicatos, patronal y organizaciones civiles, tras lo que vendrían otros seis meses en los que las Cortes deberían adaptar las leyes que se vean afectadas por el pacto para dar cumplimiento a sus postulados.
Todo ello supondría, a juicio de Muñoz de la Peña, que el pacto no entrara en vigor "antes de un año", mientras que para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado "habría que esperar dos", por lo que considera "urgente" la aceleración de su puesta en marcha y transferencia de fondos.
Entre tanto, el Ejecutivo central ha comprometido para 2018 un incremento del 20 por ciento en la partida destinada a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, sobre la cual se aplicaría otro 15 por ciento de incremento para años sucesivos.
Para la procuradora, esto supone "una buena noticia", pero a la vez "algo triste" por hacer "necesario" un pacto para "hacer cumplir las leyes", al tiempo que ha subrayado muchas de estas leyes se encontraban "paralizadas" por la "asfixia económica" a que las sometieron "las políticas del PP".
"SÓLO EL PRINCIPIO"
Por su parte, la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Patricia Gómez, ha subrayado que el pacto que este jueves aprueba el Congreso "es sólo el principio" y un "acuerdo de mínimos". "No es el pacto que hubiéramos hechos los socialistas, pero lo apoyamos porque le urge a las víctimas", ha subrayado en declaraciones recogidas por Europa Press.
Asimismo, Gómez ha reclamado que los ayuntamientos recuperen las competencias en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género por tratarse de "la administración más cercana a las víctimas".
Otras de las medidas defendidas por los socialistas es que las víctimas tengan acceso al sistema de protección "antes de que exista denuncia", la cual vendría después una vez analizado su caso por los servicios sociales, a fin de evitar que se queden sin recibirla por miedo a presentar la denuncia.
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