'Caso Cooperación', el fin del conseller 'invicto': "¿Pero cómo vais a ir contra Blasco?"

De entre todos los casos de corrupción, hay uno con connotaciones especialmente reprobables. Es el 'caso Cooperación' o 'caso Blasco', el desvío de fondos de la cooperación para países del Tercer Mundo y que acabaron destinados a la compra de varias propiedades inmuebles en la Comunidad valenciana.

Sirva un dato. De los 1'60 millones de euros adjudicados a la 'Fundación Cyes' para realizar trabajos en Nicaragua-un proyecto sobre agua potable y otro para una huerta para el abastecimiento- sólo 43.000 llegaron a su destino. Por el caso cumple condena el entonces conseller de Solidaridad y Ciudadanía, el 'popular'Rafael Blasco, responsable del departamento que concedía las ayudas.Blasco fue finalmente condenado a seis años y medio

La fotografía de su entrada en prisión, en julio de este año, se convirtió en un auténtico paradigma de la perversión ética de la corrupción. El fallo condenó a Blasco a ocho años y medio de cárcel- luego rebajado en dos por el Supremo- por malversación de caudales públicos, en concurso con prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad documental, al considerado cabecilla de la red, el empresario Augusto César Tauroni, también a ocho años de cárcel y otros seis imputados entre ellos exjefe del Servicio de Cooperación o el exjefe de Gabinete de Blasco, a entre cuatro y siete años y medio.Las ayudas para los más necesitados... a cuentas privadas

La trama de Blasco y Tauroni había urdido una red perfectamente engrasada para captar las ayudas de la cooperación y desviarlas en su mayoría a cuentas privadas en España y EEUU, como dejaron al descubierto varias conversaciones telefónicas en las que se cerraban los 'negocios' y en las que Tauroni se refería a Blasco como "conill", el conejo.

Con un destino muy distinto al en apariencia pretendido, los fondos acabaron en tres pisos en Valencia, un Cadillac en Miami, dos apartamentos de lujo en Cayo Vizcaíno y una embarcación de 53 metros de eslora.

El exconseller tiene aún pendientes otras dos piezas de la causa, una relativa a las acciones de la Generalitat para la reconstrucción de Haití tras el terremoto de 2010, entre ellas, la adjudicación del proyecto de construcción de un hospital a la Fundación Hemisferio por 4 millones de euros, y en la que también está imputado Tauroni, y otra centrada en las subvenciones para cooperación entre 2009 y 2011 a distintas entidades. En total, el dinero defraudado habría ascendido a los nueve millones de euros.Blasco, el 'invictus'

"En esos momentos yo era la secretaria de movimientos sociales del PSOE en la Comunidad Valenciana y me llegó un sobre anónimo", recuerda la diputada socialistaClara Tirado cuya denuncia, junto a la de Mireia Mollá, de Compromís, daría origen a la investigación del caso. Dentro, expedientes completos sobre adjudicaciones a varias fundaciones, entre ellas la 'Cyes', repletas de irregularidades.

Un pendrive también anónimo llegaba también al grupo parlamentario de Mollá. "Empecé a investigar, lo primero que veía eran documentos que de entrada ya le daban carta de credibilidad. Entonces decidí acudir a Fiscalía y seguí pidiendo documentación. Así fui construyendo en mi cabeza el relato de lo que estaba pasando, una red organizada en la consellería para desviar los fondos de la cooperación internacional".

En el 'epicentro' de todas las sospechas estaba el todopoderoso Blasco. Siete veces conseller-entre otras en las influyentes Empleo y Vivienda- hombre fuerte de Zaplana y acostumbrado a maniobrar en los intestinos del poder, incuestionable para su partido y siempre en la pica de la oposición, había serpenteado hasta entonces a todas las polémicas. Como en 1991, cuando evitó una denuncia urbanística al no aceptar el tribunal las cintas de grabación de la policía. Con sorna se recuerda aún aquella ocasión en la que proyectó a los suyos la película Invictus para levantarles la moral en plena crisis de la Gürtel.

Lo de la cooperación podría parecer, de entrada, un asunto menor y de nuevo fácil de esquivar. Pero los indicios eran lo bastante claros. Incluso con errores de principiante. Las dos partidas asignadas a los proyectos en Nicaragua, recuerda Tirado, tenían el mismo importe. "Ni se habían molestado en disimular"."Me dijeron que tendría que tener miedo físico"

Mano a mano, las diputadas no flojearon para tratar de desmontar la arquitectura de corrupción diseñada por el conseller. Seguras de su culpabilidad, el proceso fue no obstante complicado. "Cuando empezaron a conocerse los indicios, el entorno de Blasco se puso en alerta y recibí amenazas. Incluso alguna persona me dijo que tendría que tener miedo físico", relata la socialista, "Pero no fue un freno, todo lo contrario. Aquí no estábamos hablando de poner más o menos cemento a una carretera, sino en ayuda a la cooperación. Creo que es el caso más repugnante de todos cuantos hemos conocido".

Entre los proyectos a los que iban destinadas las ayudas, uno iba destinado a niñas violadas e infectadas de SIDA en África, lamenta Mollá, encargada de presentar la denuncia relativa a la 'Fundación Entre Pueblos', luego denominada 'Hemisferio', para desviar las ayudas concedidas, en ocasiones superiores al millón de euros. La documentación aportada por la diputada demostró que las ONG facturaban con empresas también vinculadas a la trama.

Mollá estaba en el punto de mira de los señalados por la trama. Especialmente de Tauroni. El levantamiento del secreto de sumario reveló una conversación telefónica mantenida entre el empresario y su abogado en el que daban muestras de su odio hacia ella. "Habrá que meditar qué hacemos con la Mireia, si la denunciamos o qué hacemos. La violamos o cualquier barbaridad... ¿no?", inquiere el letrado. "Sí, lo que sea...", responde el empresario, entre risas.

"Mi familia se quedó un poco tocada con todo aquello...", lamenta. "He llegado a tener pesadillas con este señor, sobre todo porque en Valencia se labró su fama y era una persona capaz de hacer callar a los grandes poderes por lo mucho que sabe"."¿Pero cómo vas a ir contra Blasco?"

Era la frase repetida que solíanescuchar con frecuencia. "Al principio la gente no quería creernos, pensaba que era lo de siempre, que no iba a llegar a nada, que cómo íbamos a meter en la cárcel a un todopoderoso en la Comunidad valenciana. Yo me empeñé porque tenía las pruebas y un equipo que colaboró conmigo, entre ellos, Mireia. Pese a ser de formaciones políticas distintas, trabajamos unidas", destaca Tirado.

Reconocen que el paso a la denuncia no es fácil, menos aún para un ciudadano anónimo. Y también que no existen auténticas garantías para el denunciante. "A día de hoy yo no he llegado a saber quién me mandó ese pendrive", señala Mollá, quien apunta a un procedimiento "no del todo garantista". "Te ponen un número para que no sepan tu identidad pero en el momento en que se abre el juicio la defensa tiene derecho a interrogarte, eso anula toda las garantías".

Durante meses la investigación se mantuvo bajo secreto y en febrero de 2012, llegaron las primeras detenciones. El número de imputados subió pronto a 27, entre ellos hasta seis altos cargos de la administración Fabra y Tauroni entró en prisión. Durante el juicio, Blasco insistió en que todo era fruto de una conspiración política. Aceptó ciertos "errores", pero negó la mayor. En 2014, se dictó sentencia.

Pese a que desde la denuncia habían transcurrido casi cuatro años, ambas celebran la actuación "rápida y pormenorizada" de la Justicia. Especialmente, la de Fiscalía. "Ejemplar", resume Mollá, "Actuó con absoluto celo, sin ofrecer información y aunque al principio me provocaba mucha incertidumbre, ahora, con el tiempo, reconozco que es como tenía que ser".

El fallo fue celebrado con satisfacción por las diputadas. "El final para un hombre que había pasado por consellerías con responsabilidades muy grandes y siempre con denuncias. Al final, fue la más pequeña en presupuesto la que acabó con su carrera", señala Mollá.
Ambas exigieron no obstante extender las responsabilidades en los Gobiernos 'populares'. "Blasco fue uno de los arquitectos de la catedral de corrupción que el PP construyó en la Comunidad valenciana durante 20 años, estuvo amparado por todos los presidentes y todos tuvieron responsabilidad", apostilla Tirado.Antonio Penadés, el abogado que se presentó como acusación

En el proceso tuvo también un protagonismo especial el abogado Antonio Penadés. Delegado con su mujer de 'Familias sin Fronteras por la Infancia', ONG que financia orfanatos y escuelas en Puerto Príncipe, el caso le tocó de manera especial. "El hecho de que Haití fuera el principal país en el punto de mira del entramado delictivo me movió. Pretendían presuntamente hacer un suculento negocio con la construcción de un hospital tras la catástrofe provocada por el terremoto de 2012 y se da la circunstancia de que pocos meses antes yo había recogido allí a uno de mis hijos, que pasó sus primeros siete años de vida en orfanatos de Puerto Príncipe". El proyecto quedó interrumpido al descubrirse que la subvención, por importe de cuatro millones de euros, había sido adjudicado a la trama.

Penadés decidió entonces solicitar su personación como acusador popular y creóAcción Cívica, una asociación que brinda su estructura para que abogados de toda España puedan personarse de forma desinteresada en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos.

"Considero que el Derecho es la herramienta adecuada para arreglar esta situación–desde dentro del sistema- y que la figura constitucional de la acusación popular puede servir para cumplir un papel mucho más relevante que hasta ahora. Un ciudadano o una asociación cívica tiene una gran capacidad para hablar con denunciantes y cooperar con la Fiscalía Anticorrupción", señala.

Su trabajo fue esencial para la condena de Blasco y del resto de imputados. Él coincide en señalar la labor de Fiscalía y en la "sentencia ejemplar" pero insiste en que es necesario mejorar los procedimientos "para que más funcionarios y ciudadanos se atrevan a denunciar" y en que, en la lucha contra la corrupción, cualquier esfuerzo será en vano si no se instauran controles administrativos "que hagan saltar alarmas ante posibles corruptelas".

"El ambiente de impunidad en el que se han movido los corruptos debe ser destruido. La depuración de las responsabilidades penales es un paso esencial, pero si no se consigue implantar un sistema eficiente de control en la Administración, la situación se repetirá en un futuro próximo".

Laplataforma change.orgpromueve una campaña para proteger a quien denuncia. Doce años después, España no ha desarrollado elartículo 33 de la Convención de Naciones Unidasque recomienda la protección de testigos y denunciantes.

El documental'Corrupción, el organismo nocivo',una cinta-denuncia dirigida porAlbert Sanfeliu y Teresa Soler,pretende dar voz a los denunciantes de la corrupción.