Maite Carol, el origen del 'caso Pretoria': "Me dije: me iré a vender barras de pan, pero no me callo"

"No vuelvas a utilizar la palabra insolvente". Esa fue la orden tajante que la interventora, Maite Carol, recibió del entonces alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz.

La situación referida era la de la empresa municipal Gramepark, según los informes de Carol, con una situación financiera "extremadamente grave". Un solo dato lo ilustra: la deuda había pasado de 8 millones de euros en 2003 a 85 en 2009. Muñoz le ordenó retirar los informes. "Aquí todos tenemos que remar para el mismo lado y tú estás remando en contra" fue la advertencia.

El sumario reflejó una conversación telefónica mantenida por el regidor en la que trasladaba sus planes para buscar a un director de servicios financieros "de confianza" y conseguir así que "el interventor haga su vida". "Como en todos los ayuntamientos, donde al interventor ya no se le hace ni puto caso", se escuchaba al alcalde. "Hay que echarla.¿Quién coño se cree que es esta puta interventora?", se oía decir también al que fuera diputado socialista entre 1980 y 1988, Luis García Sáez, Luigi."Mis compañeros miraban hacia otro lado"

Los informes de Carol sirvieron para destapar las múltiples irregularidades de la empresa Gramepark, base para la 'Operación Pretoria' pero se convirtieron también en un calvario para ella misma. Los que iban en contra de los planes del alcalde acababan, en el 'mejor de los casos' en la papelera. En el peor, aireados en los plenos, donde era ridiculizada por sus valoraciones. "La situación de presión fue creciendo a medida que iba encontrando situaciones que yo consideraba que no eran acordes con la ley. Intentaban hacerme ver que me equivocaba, que era la única que lo veía, pero yo lo comentaba con gente de fuera y lo veían igual. Así empezó una situación de presión, dirigida imagino por el alcalde, pero derivada a otros compañeros de trabajo", cuenta ahora.

Un silencio cómplice, describe, que la llevó a un total aislamiento. "Creo que el resto de compañeros lo veían igual, pero como algunos habían informado favorablemente, miraban después hacia otro lado. Y mis informes los ponían nerviosos. La presión llegaba por insultos, amenazas del alcalde, pero también por el vacío de todos". Lo único que le hizo no flaquear fue, asegura, el apoyo de uno de sus compañeros, Albert Gadea, exdirectivo municipal que la respaldó en su 'batalla', con todas las consecuencias."Me enteré por la radio de que había perdido mi trabajo"

En 2009, los agentes entraron en el Ayuntamiento en una operación por soborno, corrupción urbanística y blanqueo dirigida el juez Baltasar Garzón. La diligencia acabó con la detención del alcalde, el concejal de Urbanismo Manuel Dobarco (PSC), el conseller de Economía desde 1990 hasta 1997, Macià Alavedra (CiU), el secretario de la Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990, Lluís Prenafeta, de CiU, y García Sáez. La instrucción permitió descubrir toda una red de corrupción política y urbanística en los 'pelotazos' en suelo público en varios municipios del área metropolitana de Barcelona, Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

Para Maite, la situación fue entonces incluso a peor. "Yo colaboraba mucho con el juez y desde el partido se pusieron mucho más fuertes", cuenta. Garzón le dijo que le informase de todo lo que ocurría, pero sólo unos meses después, él mismo fue destituido. "Pensé, si ésto pasa con un juez, que no va a pasar conmigo".

La escalada de presiones acabó en su cese con la llegada de la nueva alcaldesa, Núria Parlón. "Yo era interina y logró que otro interventor viniese a hacerse cargo". De que había perdido el puesto de trabajo se enteró de una forma también abrupta. "Por la radio, me llamó una amiga mía. La puse y estaban diciendo que habían cesado a la interventora interina y que por su culpa había pasado aquello, que no había hecho informes que lo advirtiesen". Cuando llegó a su despacho, habían cambiado ya la cerradura."Consiguieron que no trabajase en ningún sitio"

"Sentía que no sólo el esfuerzo no había servido para nada, sino que todas las culpas se dirigían hacia mí". Presentó una querella contra la alcaldesa por difamaciones pero cayó en saco roto. "Intenté buscar a testigos pero toda la gente me decía 'Maite, te aprecio mucho, pero no me hagas testificar'... Al final, me encontraron mil y un defectos de trámite y, por aburrimiento, decidí dejarlo".

Ya fuera del ayuntamiento, el calvario continuó. "Consiguieron que no trabajara en ningún sitio. Lo intenté por mi cuenta, como consultora. En algunos sitios sí llegaba a trabajar, pero cuando pasaba un mes me decían 'has hecho un gran trabajo, pero si nos pasas tú una factura, nos hundes'. Así que decidí dejar el sector público y me puse a trabajar en una librería". Muy lejos de su formación, aunque reconoce que por primera vez consiguió disfrutar. Al fin sin coacciones.

El pasado marzo, cinco años después, el juez decretó apertura de juicio oral para los once imputados. Para los exaltos cargos convergentes Alavedra y Prenafeta, se solicita hasta seis años y diez meses de prisión por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Para Luigi, cerebro de la trama, ocho años y 30 millones de euros de finanza."Me arrepentí muchas veces, pero lo volvería a hacer"

Según el sumario, Luigi medió para comprar los terrenos, recailficarlos y venderlos después con un precio inflado. El Fiscal declaró que Alavedra logró así 3'24 millones de euros y Prenafeta 6,83 y el exregidor, 1'2 millones. En el caso de Luigi la suma ascendía a los 5'8 millones de euros. La instrucción consideró que Luigi tenía un papel clave en la red por la influencia que ejercía sobre los cargos públicos encargados de las adjudicaciones públicas. El exparlamentario mantenía una relación fluida con el alcalde de Santa Coloma y con el concejal de Urbanismo. Prenafeta y Alavedra se habrían aliado con Luigi para influir en las adjudicaciones a cambio de comisiones.

"Con el sumario ves que tenías razón", dice ahora satisfecha. No se arrepiente de nada, pero asegura que en muchos momentos sí lo hizo. "La gente me decía 'si lo ves, no lo digas, te van a arruinar la vida y a ellos no les va a pasar nada'. Pero yo me puse muy tozuda y me dije: me iré a vender barras de pan, pero no me callo".

Cinco años después, cree que sí se han dado pasos en la lucha contra los corruptos. "En 2009, nadie pensaba que hubiese corrupción. Después pasó a ser tan exagerado que parecía increíble encontrar un sitio donde no hubiera. Y creo que ahora la gente sí que ha dicho, hasta aquí. Creo que los nuevos partidos sí tienen un compromiso, aunque falla aún la protección al denunciante. Como mínimo, el puesto de trabajo debería estar garantizado".

Maite Carol es uno de los testimonios del documental'Corrupción, el organismo nocivo',una cinta-denuncia dirigida porAlbert Sanfeliu y Teresa Soler,con la que se pretende dar voz a los denunciantes de la corrupción.

Laplataforma change.orgpromueve una campaña para proteger a quien denuncia. Doce años después, España no ha desarrollado elartículo 33 de la Convención de Naciones Unidasque recomienda la protección de testigos y denunciantes.