Diez claves para entender la futura Ley de Transparencia

El Gobierno ha dado el primer paso para que España deje de ser el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una Ley de Transparencia que garantice el acceso de los ciudadanos a la información pública. Chipre, Malta y Luxemburgo son los otros socios europeos que tampoco la tienen.

Este viernes el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Te explicamos su contenido en diez claves:

1. Del sueldo de Rajoy, a las empresas que contratan los ministerios. Cuando esta ley sea una realidad, toda institución pública -desde un ministerio a órganos como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o el Congreso de los Diputados- deberán dar a conocer desde los salarios de sus directivos, los funcionarios con los que cuentan y su organigrama.

"Esta ley permitirá conocer cómo se contrata, cómo se subvenciona y cómo se paga a los altos cargos", según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Toda institución dependiente del Estado deberá hacer público cualquier contrato adjudicado, servicio contratado, ayuda o subvención pública así como los convenios suscritos y cualquier partida de gasto.

2. Empresas públicas más transparentes. No la Casa Real. Esta futura ley también afecta a aquellas empresas públicas en las que el Estado tenga una participación del 50%. Es decir, que empresas como AENA o Loterías también deberán ser más transparentes.

En cambio, la Casa Real se salvará de las obligaciones que impone esta ley. "No es una Administración pública", contestó Sáenz de Santamaría cuando se le preguntó si se hará público el patrimonio y las asignaciones a la Familia Real. Pero lo cierto es que la Casa Real se nutre de los Presupuestos Generales del Estado.

3. Todo en una web. ¿Y dónde estará accesible esta información? En una página -el Portal de Internet de la Transparencia- que dependerá de Vicepresidencia. Y es ahí donde radica la gran novedad, ya que no es que ahora toda esta información fuera secreta. Al contario, es pública pero acceder a ella es casi misión imposible y a partir de ahora estará toda canalizada en este portal de internet.

Sáenz de Santamaría explicó este viernes que en este portal estará disponible toda la información pública de los ministerios y órganos dependientes del Estado, pero no de las comunidades autónomas y ayuntamientos. No obstante, se pondrá a su disposición esta web por si quieren hacer pública su información.

4. Inhabilitación y multas a políticos. Otra pata muy importante de esta ley es la que se refiere al Buen Gobierno y con la que se impone castigos a aquellos políticos que sean malos gestores.

Por ejemplo, se podrá inhabilitar entre 5 y 10 años a un cargo público que falsee cuentas, incurra en gastos sin créditos o incumpla de forma deliberada con el nivel de deuda pública que fija la Ley de Estabilidad.

También habrá multas económicas para los políticos que gestionen mal los recursos públicos o oculten datos y, según explicó la vicepresidenta, si no se abona el importe de esas sanciones cabe la posibilidad de que se sustituyan por penas de prisión. Pero es solo una posibilidad. Habrá que reforma el Código Penal para incluir todas estas sanciones.

5. Una agencia velará por la transparencia.¿Y quién se ocupará de velar por las sanciones y actuaciones que establece esta nueva norma? La actual Agencia de Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas, que según se explicó ayer pasará a llamarse "Agencia de Transparencia".

La persona que la dirija será elegida por el Gobierno, aunque podrá ser vetada por el Congreso y el Senado. Pero se requerirá mayoría absoluta.

6. Incompatibilidades. Aunque no hay avances para evitar que exaltos cargos como la exvicepresidenta Elena Salgado fiche por una empresa privada como Endesa, este portal de la transparencia por primera vez va a hacer públicas las resoluciones en relación a las compatibilidades e incompatibilidades. Se colgarán en la página web para reforzar la transparencia", dijo la vicepresidenta.

7. Límites a los sueldos de los alcaldes. Otra novedad es que se establecerá un baremo para los sueldos de los regidores, que se fijará en los Presupuestos. Es ahí donde se establecerá cuánto debe percibir un alcalde en función del tamaño de la entidad local que dirija, de la población del municipio y las circunstancias económicas del ayuntamiento. Con ello, se pretende acabar con el hecho de que muchos regidores cobran más que el presidente del Gobierno.

Fuentes del Gobierno explicaron que esta medida no estará lista en los Presupuestos que el Gobierno aprobará la próxima semana. Y respecto a los de 2013 todo dependerá de si para entonces la Ley de Transparencia está completa.

8. Respuestas en un mes. Además de la información que se publique en el Portal Digital de la Transparencia, los ciudadanos podrán solicitar información pública. La Administración estará obligada a contestar en un plazo máximo de un mes, como adelantó lainformacion.com.

Solo se podrá eximir de contestar cuando la información requerida afecte a por ejemplo a la seguridad nacional, el secreto profesional o la protección de datos, entre otros límites.

9. Aportaciones de los ciudadanos. Esta ley no seguirá el trámite ordinario habitual ya que se abre a un proceso de "audiencia pública" en palabras de Sáenz de Santamaría, de forma que durante 15 días los ciudadanos podrán realizar sus aportaciones al contenido de la misma.

Para ello, el anteproyecto se colgará este lunes en las web de diferentes ministerios e instituciones públicas junto con un formulario donde cada ciudadano podrá dejar sus propuestas y reflexiones. Habrá que ver cómo se incorpora esta participación ciudadana a la ley.

10. ¿Cuándo verá la luz? Una vez finalizados esos 15 días, la norma volverá al Consejo de Ministros y se remitirá a las Cortes. Aunque el Gobierno barajaba que en el verano la Ley de Transparencia podía ser una realidad, este viernes Saénz de Santamaría dijo que "junio es un plazo excesivamente necesario".

Si bien la filosofía de la transparencia es compartida por todos los partidos políticos, el tema de las sanciones a políticos que sean malos gestores levantará ampollas y podría alargar la tramitación parlamentaria.