Murcia, 25 may.- El PSOE denunciará a la UE las que llama "lamentables" condiciones del vertedero de residuos de Abanilla (Murcia), propiedad de Proambiente, del empresario alicantino Ángel Fenoll, por ser un asunto ilegal, criminal, escandaloso y continuado con efectos retardados sobre el medio ambiente y la salud humana.
Así se ha expresado literalmente en un comunicado el eurodiputado socialista Andrés Perelló, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo.
Lo ha hecho tras visitar ese vertedero junto a los diputados socialistas en el Congreso y secretarios federales en ese partido de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, y de Redes Sociales y Nuevas Tecnologías, la murciana María González.
Fenoll está imputado en las piezas del caso Brugal relacionadas con supuestas ilegalidades en la adjudicación del Plan de Residuos de la Vega Baja del Segura por parte de la Diputación de Alicante y en la de la contrata del servicio de recogida de basuras de Orihuela, en esa misma provincia de la Comunidad Valenciana.
Según Perelló, en ese polémico vertedero "se está cometiendo un acto criminal, continuado y de efectos retardados no solo sobre el medio ambiente y la salud de las personas, sino también sobre la economía de esta tierra".
"Hay gente que está actuando criminalmente sobre lo que ha sido una tradición de economía productiva en Murcia, cuya huerta tiene buena fama, y alguien ha decidido que quiere ganar mucho dinero, no plantando y esperando la cosecha, sino matándola para el futuro al sembrar veneno en sus tierras", ha subrayado.
Para Perelló, "lo que se ha hecho allí no se puede disimular: hay cientos de hectáreas ocupadas ilegalmente con vertidos ilegales de todo tipo, que no responden a ningún plan de tratamiento y que están generando manantiales de lixiviados" (líquidos contaminados).
"A mí me parece el escándalo mayor, de proporciones descomunales, que he podido ver hasta ahora en Europa, y que ha necesitado una red de cómplices entre políticos y propietarios que no han tenido prejuicios al analizar que pudiera afectar a las fincas colindantes o al prestigio de la zona", ha añadido.
Para Perelló, se ha contravenido "violentamente" la Directiva Europea de Residuos y hay "material suficiente" para calificar lo ocurrido en ese vertedero como "delito ecológico".
Por ello, va a denunciarlo en el Parlamento Europeo para conocer "qué tipo de fondos del presupuesto comunitario ha recibido y en qué cuantía", y va a recabar la opinión de la Comisión Europea.
"Esto está pasando en el sur de la UE y no se puede hacer la vista gorda. Esto no puede quedar así", pues "la defensa de los puestos de trabajo no puede convertirse en una coartada pervertida para actuar al margen del Código Penal", ha añadido.
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