Los grupos parlamentarios buscarán este jueves cerrar la comisión de investigación sobre el uso partidista en el Ministerio del Interior tratando de consensuar un documento de conclusiones en el que se responsabilice al extitular de la cartera Jorge Fernández Díaz y a su director de la Policía, Ignacio Cosidó.
Si no hay acuerdo de mínimos, los grupos tratarán de buscar otra fecha antes del 31 de julio, día en el que se cerrará formalmente la comisión de investigación presidida por el diputado del PNV Mikel Legarda. Desde la apertura en abril, han estudiado abundante documentación y escuchado a cinco comparecientes.
Los primeros en 'estrenar' la comisión fueron el exministro Jorge Fernández Díaz, al que le siguió el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, ambos protagonistas de aquella conversación grabada en el despacho del ministro que abrió la polémica al desvelarse supuestas maniobras policiales, mediáticas y judiciales contra formaciones de la oposición.
Posteriormente hizo lo propio el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, y los últimos en acudir a la comisión fueron el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y el que fuera su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, que cerraron el pasado 5 de julio la ronda de comparecientes.
Tras escuchar todos estos testimonios, el PP, el PSOE y Ciudadanos rechazaron convocar a otros comparecientes que solicitaban Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT, entre ellos el excomisario ya jubilado José Manuel Villarejo o el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, y echaron también por tierra sus pretensiones de prorrogar los trabajos de la comisión.
El PP NO VE USO PARTIDISTA
El PP niega el uso partidista de Interior en un texto de conclusiones que utiliza para denunciar el interés "partidista" de algunos partidos de la oposición por promover "sin pruebas" y ni indicios "mínimamente sólidos" una acusación general contra la gestión del exministro.
"No se impartieron órdenes para tapar posibles casos de corrupción del PP, ni tampoco se dieron para la realización de investigaciones o la fabricación de pruebas o informes que perjudicaran a partidos rivales o a sus dirigentes", indican.
Desde el PP, además, se ha acusado a Unidos de Podemos de haber aportado la documentación del sumario declarado secreto del 'caso del pequeño Nicolás' a la comisión de investigación del Congreso, reclamando por ello a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, que actúe contra su representante en ese órgano y vicepresidenta cuarta de la Mesa, Gloria Elizo.
El PSOE considera probado que se creó una estructura policial bajo las órdenes de Cosidó, en la que jugó un relevante papel el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, una "policía política" que lo que buscaba era "obstaculizar" los casos de corrupción del PP y "perseguir" a los adversarios políticos.
Ciudadanos denuncia igualmente que la Policía actuara con fines "espurios, partidistas y ventajistas" para atacar a adversarios políticos y para "obstaculizar" los casos de corrupción que afectan al PP, pero también señala al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por consentir esas prácticas. El PDeCAT también señala al jefe del Ejecutivo y acusa a Interior de incurrir en prácticas propias del franquismo.
Ahora bien, la formación naranja recalca que la comisión de investigación "no ha podido demostrar de forma concluyente" estos extremos con la aportación de pruebas que "incriminen" a dirigentes políticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
REMISIÓN A LA FISCALÍA, SEGÚN PODEMOS
Unidos Podemos considera acreditado el uso "partidista" de la Policía bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz y pide remitir sus conclusiones sobre la comisión del Congreso que ha investigado esos hechos a la Fiscalía por si los máximos responsables de Interior y de la Policía hubieran podido incurrir en delitos como malversación de fondos públicos, falsedad documental o revelación de secretos.
Asimismo, el grupo confederal quiere que el Congreso solicite la apertura de diligencias por "falso testimonio" contra algunos de los comparecientes que han desfilado por la comisión de investigación.
ERC concluye que queda "probado" que Interior "utilizó medios y efectivos para el seguimiento y control de actividades de dirigentes políticos catalanes". Según este grupo, actuaciones como la de Fernández Díaz y De Alfonso se "sitúan al margen de la legalidad" por conspirar en una "acusación y denuncia falsa" y "simular delitos" contra adversarios.
SE VOTARÁ PREVISIBLEMENTE EN SEPTIEMBRE
El dictamen que el presidente de la comisión de investigación, Mikel Legarda, confía en cerrar el próximo jueves se elevará al Pleno del Congreso que previsiblemente no lo votará hasta el próximo mes de septiembre.
En caso de no alcanzar un acuerdo unánime, como parece probable a tenor de la posición del PP, uno o varios grupos pueden presentar votos particulares sobre los asuntos que hayan sido incluidos en el texto consensuado. Esos textos distintos se incluirán en el informe que se eleve al Pleno de la Cámara pero se votarán por separado.
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