Asunción, 9 abr.- Un tribunal paraguayo rechazó hoy sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario a cinco campesinos acusados de intento de homicidio por una matanza en 2012 que desencadenó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, y que llevan 55 días de huelga de hambre.
"No se hallan los presupuestos para decretar el arresto domiciliario al no determinarse enfermedad grave o terminal", aseveró el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá, con lo que negó la petición de la defensa.
La Fiscalía se opone al arresto domiciliario con el argumento de que la ley paraguaya no lo contempla para personas imputadas por crímenes, mientras que la defensa pide su traslado a sus domicilios porque su vida está en riesgo y porque ya cumplen más de un año y nueve meses de prisión preventiva.
Tras la decisión, los asistentes a la audiencia, que eran familiares de los detenidos y activistas de derechos humanos, abuchearon al fiscal, Jalil Rachid.
La defensa consultará a los campesinos sobre la presentación de una apelación al fallo, según dijo a Efe Rocío Casco, diputada de Avanza País, un partido de izquierda, aunque indicó que por la composición de ese tribunal albergan pocas esperanzas de que revoque la decisión.
Los campesinos se encuentran en un hospital militar de Asunción, a donde fueron trasladados el pasado fin de semana desde el penal de Tacumbú debido a su delicada situación de salud.
Los labriegos iniciaron su huelga de hambre para exigir su puesta en libertad y que se determine la titularidad de las tierras en el conflicto que causó la matanza, que dejó 17 muertos.
Están acusados de tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
Los hechos ocurrieron en junio de 2012, cuando la Policía intentó desalojar a un grupo de campesinos que había invadido unas tierras cuya propiedad se disputan el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, quien fue un importante funcionario del Partido Colorado, actualmente en el poder.
En el enfrentamiento en el lugar, una zona rural del municipio de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción, murieron once campesinos y seis policías.
Una semana después, el Parlamento paraguayo destituyó a Lugo tras un controvertido juicio político y nombró como presidente a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta ese momento aliado del Gobierno.
Los campesinos están acusados de intento de homicidio de los policías, aunque no de homicidio, porque no se pudo demostrar quién efectuó los disparos que los mataron, según dijo a Efe Rachid.
El fiscal explicó que el delito de "tentativa de homicidio" sanciona "la conducta" y manifestó que los campesinos prepararon el enfrentamiento.
No hay nadie imputado por la muerte de los once labriegos. "Los policías reaccionaron ante un ataque", dijo Rachid.
La Corte Suprema de Justicia de Paraguay ordenó también hoy, a petición del Ministerio de Justicia, realizar "los tratamientos, diagnósticos médicos y atención debida" a los presos.
Los campesinos se han negado a recibir "ningún tratamiento médico que altere su estado de huelga de hambre", como fármacos o sueros que tengan nutrientes, aunque sí han aceptado otro tipo de asistencia sanitaria, explicó a Efe Enrique Gauto, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
En su petición a la Corte, el Ministerio de Justicia citó el artículo 68 de la Constitución de Paraguay, que establece que "toda persona estará obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana".
Organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda, que apoyan a los campesinos, repudiaron la decisión del tribunal de Salto del Guairá.
"La Justicia paraguaya una vez más mostró su rostro, un rostro al servicio de los poderosos, de los políticos, de los ganaderos, de los sojeros", dijo a Efe Martín Almada, quien asistió a la audiencia en representación de la Asociación Americana de Juristas.
Almada fue un prisionero político durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y llevó a cabo una huelga de hambre de 30 días.
"Es una decisión que lamentamos y repudiamos", dijo Gauto, quien agregó que los campesinos ya no pueden levantarse sin ayuda ni siquiera para ir al baño y que según los médicos "las energías de su organismo se están agotando".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios