No sólo de ministerios se compone el Gobierno. La delegación de Podemos encabezada por Pablo Echenique e Irene Montero, encargados de negociar el acuerdo de investidura con el PSOE, ha planteado la conveniencia de que la formación morada tenga representación en la cúpula directiva de las grandes empresas públicas y de los organismos reguladores de la actividad económica. Pablo Iglesias ha dado un paso atrás pero sólo con la intención de que su grupo político tome suficiente carrerilla para testimoniar la formación de un verdadero Gobierno de coalición capaz de ejercer el poder en todos los ámbitos del Estado.
La posibilidad de que Podemos participase en la futura estructura de la Administración Central estaba descontada en medios socialistas desde los primeros análisis que siguieron a las elecciones generales del 28 de abril. En aquellos momentos existía la certeza de que Pedro Sánchez trabajaría con la vista puesta en un Gobierno monocolor pero, en contrapartida, facilitaría la incorporación de los representantes de Podemos en algunos puestos de segundo nivel ministerial. En el reparto de cargos no se descartaba la posibilidad de que algunos dirigentes elegidos por Pablo Iglesias pudieran incorporarse a los consejos de administración de determinadas empresas públicas.
La situación ahora es mucho más amenazante para los máximos responsables de las compañías estatales que llegaron al cargo tras la moción de censura de junio de 2018. El desembarco generalizado de las huestes socialistas en las principales sociedades dependientes del sector público es, precisamente, el argumento en el que se amparan los pesos pesados de Podemos para exigir una cuota de participación en dichos centros de poder que sea proporcional al número de votos obtenidos con respecto al PSOE. Según fuentes cercanas al partido de Pablo Iglesias, “existe oferta suficiente dentro del Ministerio de Fomento y de la SEPI para que Podemos aporte su colaboración en la gestión de entidades que tienen un alto componente social, además del puramente económico”.
Los responsables de Podemos entienden que los cambios en las empresas públicas pueden llevarse a cabo de manera inmediata en cuanto que se formalice la distribución de carteras en el nuevo Consejo de Ministros y los nuevos titulares tomen posesión de sus cargos. Al igual que está ocurriendo con la negociación de los diferentes ministerios, en medios socialistas se descarta que Pedro Sánchez admita la entrega a sus eventuales socios de legislatura de aquellas entidades corporativas que están más directamente vinculadas con servicios públicos estratégicos o que se encuentran inmersas en procesos de transformación vinculados con programas de liberalización de su propia actividad económica.
Las compañías que forman parte del Grupo Fomento; en particular Aena, Renfe y Adif, tienen puesto el cartel de ‘intransferibles’. La primera es una sociedad cotizada que exige un cierto consenso con inversores privados institucionales a la hora de abordar cambios en su alta dirección. Las dos entidades ferroviarias atraviesan ahora por un momento crucial dado el compromiso asumido por España con la Unión Europea de desmonopolizar el transporte de viajeros por ferrocarril a finales del próximo año. El veto empresarial a Podemos se extiende igualmente al ámbito de Correos, presidida por Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete del presidente del Gobierno y que actualmente forma parte del perímetro de consolidación de la SEPI.
Amplio surtido de empresas a repartir
Es precisamente esta última entidad, la SEPI, el principal y más directo objeto de deseo por parte de Podemos. El primer holding empresarial del sector público constituye un conglomerado de empresas que dependen funcionalmente de muy diversos departamentos gubernamentales. El Gobierno ahora en funciones de Pedro Sánchez entró a saco hace ahora justo un año en la SEPI propiciando un releva masivo en las presidencias de todas sus empresas, desde Navantia a Tragsa, pasando por Hunosa, Enusa, Saeca, Cetarsa o la Agencia EFE. Un surtido suficiente de entidades corporativas que pueden ser utilizadas ahora como moneda de cambio para la investidura del líder socialista.
En segundo término el partido que encabeza Pablo Iglesias tiene además en el punto de mira a los organismos reguladores de la actividad económica, que hasta ahora responden exclusivamente al antiguo bipartidismo parlamentario con algunos ribetes nacionalistas de agrupaciones que, en algunos casos, han dejado de existir dentro de la sopa de letras que configura la vida política en España. Entre dichas entidades de supervisión la CNMC se lleva la palma en la agenda de Podemos, entre otras razones por la próxima renovación de su consejo, prevista para primeros de septiembre.
Justo a la vuelta de las vacaciones estivales el nuevo Parlamento tiene que designar a propuesta del futuro Gobierno a un total de seis de los diez vocales que conforman el máximo órgano de gobierno de la autoridad de competencia y mercados económicos. Todos estos relevos están impuestos por ley y afectan al actual presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, así como a la vicepresidenta, María Fernández. El resto de consejeros en expectativa de salida son María Ortiz, Clotilde la Higuera, Benigno Valdés y José María Guinart; los tres primeros nombrados a instancia del PP y el último en representación de la antigua CiU de Cataluña.
Podemos tiene, por tanto, el campo abonado para llegar por la vía rápida hasta lo más alto de la CNMC. En la CNMV tendrá que esperar un año largo porque hasta octubre de 2020 no vencen los mandatos de su presidente, Sebastián Albella; su vicepresidenta, Ana Martínez-Pina; y su vocal José Manuel Santos-Suárez. Más tarde, en enero de 2021, cesará en el cargo Ángel Benito, antiguo director general de Mercados de la CNMV durante 17 años. Con la excepción de Santos-Suárez, que llegó a ser presidente de la CNMV durante poco más de un mes y que atraviesa ahora su segundo mandato de consejero en la entidad, los demás pueden ser renovados en el cargo por un periodo adicional de cuatro años. Una alternativa que dependerá, y mucho, del eventual Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos.
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