Amnistía Internacional solicita a Canadá y Colombia protección líder embera

Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 22 mar.- Amnistía Internacional (AI) en Canadá ha solicitado al Gobierno canadiense que interceda ante Bogotá en favor del líder indígena embera Flaminio Onogama tras el asesinato por parte de grupos paramilitares de dos de sus parientes y recibir amenazas de muerte.

AI también ha iniciado una campaña de envío de cartas al ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, John Baird, que de momento ya cuenta con casi 9.000 firmantes y en la que se solicita que Ottawa "presione a Colombia por medidas de protección efectivas que garanticen la seguridad de Flaminio Onogama".

En la carta se indica que dos indígenas embera de la localidad de La Esperanza, en el municipio de El Dovio, fueron asesinados por grupos paramilitares que buscaban a Onogama, exlíder de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

"Por favor, haga uso de la estrecha relación de su Gobierno con Colombia para presionar a que se tomen medidas efectivas de protección que garanticen la seguridad de Flaminio Onogama Gutiérrez, su familia y la comunidad indígena de La Esperanza", señala la misiva.

Preguntada por Efe si el Gobierno canadiense ha solicitado a Colombia medidas para proteger a Onogama, Caitilin Franklin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, dijo que "de forma regular insistimos a los más altos niveles del Gobierno colombiano para que cumpla sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos".

Kathy Price, responsable de la campaña de AI Canadá, dijo a Efe que la situación del líder indígena, que está oculto desde que sus dos sobrinos, Berlain Saigama Gutiérrez y Jhon Braulio Saigama, fueron torturados y asesinados en enero, ha empeorado.

"En los últimos días, Flaminio, así como otros líderes indígenas, ha recibido nuevas amenazas de muerte de las 'Águilas Negras, un grupo paramilitar, en las que se asegura que conocen donde está oculto y que no importa dónde se esconda, le pueden encontrar", explicó Price.

"Flaminio nos ha dicho que el Gobierno colombiano ha autorizado algunas medidas limitadas de protección pero que son insuficientes y en algunos casos no ha recibido totalmente, como es el caso de una ayuda de transporte. AI está muy preocupada por su situación, igual que la situación de otros miembros de la comunidad", agregó.

Según la información recabada por AI, el 1 de enero, Berlain Saigama Gutiérrez y Jhon Braulio Saigama, sobrinos de Onogama, fueron torturados y apuñalados hasta la muerte por los paramilitares que buscaban a Onogama.

En la región de El Dovio opera una pequeña compañía minera canadiense, Colombian Mines Corporation (CMC), que está explorando en busca de oro y cobre en una propiedad conocida como Mina Sabanablanca.

Tras conocer la situación de Onogama, la académica canadiense Bonnie Campbell junto con otros exmiembros del grupo asesor del Gobierno canadiense sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), solicitó a CMC que declarase que "no tolerarán acciones criminales y violaciones de derechos humanos".

El grupo también pidió a CMC que solicite al Gobierno colombiano el establecimiento de una comisión investigadora sobre los asesinatos y que garantice la seguridad de Onogama.

Campbell dijo a Efe que no está vinculando las dos muertes con CMC. Pero añadió que la empresa está operando en un área muy conflictiva.

"En 2003, expertos recomendaron al Banco Mundial que no ofrezca apoyo a compañías que operan en áreas de conflicto o de elevado riesgo de conflicto. A la vista de la violencia en ese municipio y dadas sus obligaciones en cuanto a RSC e influencia en la región, es importante que hagan pública su condena de la violencia", agregó.

Cambpell también señaló la responsabilidad del Gobierno del primer ministro Stephen Harper, que ha ignorado las recomendaciones del grupo asesor sobre RSC.

"No es una cuestión de está empresa en particular. Es el Gobierno canadiense que no ha asumido su responsabilidad y por lo tanto estas situaciones se están repitiendo. Y no hay mecanismos para limpiar sus nombres o apoyar a la gente que sufre la violencia", indicó.

Por su parte, Robert Carrington, presidente de CMC, declaró que la propiedad donde opera CMC "está muy lejos" de La Esperanza.

Gloria Carrington, responsable de las operaciones de CMC en Colombia, dijo que estaba totalmente de acuerdo en que la petición de Amnistía Internacional de que Ottawa "presione a las autoridades colombianas para que investiguen lo qué sucedió y denunciarlo, por supuesto".

"Pero no pasó en nuestra área. Si hubiese pasado en nuestra área, por supuesto lo hubiésemos denunciado a las autoridades", añadió.

Gloria Carrington también dijo que no atenderá a las demandas de Campbell.

"No vamos a hacer ninguna declaración. Somos una empresa canadiense trabajando en Colombia y no podemos demandar cosas a las autoridades. Tenemos que tener mucho cuidado. No nos podemos inmiscuir en asuntos domésticos colombianos", precisó.