Según ha informado la cadena SER, la titular del juzgado de instrucción número dos de Logroño, Rosa Esperanza Sánchez, elevó la causa al Supremo al apreciar indicios de que el dirigente del PP "pudo cometer un delito urbanístico al convertir una caseta de aperos de labranza de 20 metros cuadrados en un chalet de dos plantas y 200 metros".
Una construcción, ha recordado la emisora, realizada en suelo protegido que el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua "legalizó posteriormente con un plan urbanístico que la juez de Logroño asegura que se hizo a la medida de Pedro Sanz".
El auto de esta juez consideraba que las obras de la reforma de la casa de Sanz "en una zona protegida se hicieron al margen de la legalidad" y que el posterior plan de ordenación urbana municipal que legalizó la vivienda tuvo "el exclusivo fin de favorecer sus intereses personales". Hay que evitar, concluía, "que la propia actividad de la Administración, en aquellos casos en los que no persiga los intereses generales, deje impune el hecho delictivo".
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