Miércoles, 20.02.2019 - 03:13 h

La presidenta del Consejo de Transparencia: “Soy independiente... ¡me han presentado trece demandas!”

  • “Los ciudadanos somos en cierto modo cómplices de la corrupción. Las peticiones de información son poquísimas". 

  • “Los requisitos para entrar en el Portal de Transparencia son disuasorios. No te pueden pedir siete llaves para entrar a algo que es tuyo”

Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia.

Esther Arizmendi hace honor a su cargo. En su agenda, desglosa con minuciosidad cada una de sus reuniones diarias, resume de qué se ha hablado y sus conclusiones. Y todo lo pone a disposición del ciudadano a través del portal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el órgano desde el que controla que la Ley de Transparencia, aprobada hace año y medio, se cumple. 

Desde entonces, destaca los logros.Para empezar, que al fin tengamos una ley “con cuarenta años de retraso”. Pero quedan aún cosas pendientes. Desde su puesto, batalla, por ejemplo, porque se haga público con quién se reúnen los ministros.

Parece que la palabra 'transparencia' se haya puesto de moda...

Más que de moda, de obligación, porque la moda es pasajera, se arrincona y en realidad lo que ocurre con la transparencia es que es una realidad que ha venido para quedarse, crecer y hacerse fuerte.

La ley de Transparencia se aprobó con años de retraso, y encima hace falta un Consejo que la vigile, ¿no nos deja eso muy mal parados?

Ha tardado muchísimos años. Cuarenta años de democracia son muchísimos, estábamos a la cola de Europa, con Malta y con Chipre, como los únicos países que no teníamos una ley. Pero tenemos que estar contentos porque al fin hay una ley que garantiza un derecho. El Consejo es un organismo independiente y es importante que haya un órgano así. Cada vez que se hace una norma importante, hay que prever un organismo regulador. Más que una función de vigilancia, lo que hace es impulsar, aclarar, trabajar por los ciudadanos y empoderarlos.

En este año y medio, ¿cuál cree que ha sido el gran avance?

Que a día de hoy toda España tiene los mecanismos básicos para garantizar el derecho a saber lo que está pasando, tanto en la administración del Estado, como en los distintos entes, en las comunidades autónomas, en ayuntamientos. Se va avanzando, pero es verdad que algunos ayuntamientos, los más pequeños, tienen problemas para adaptarse

Desde diciembre están obligados, ¿van con retraso?

La transparencia está, y está satisfactoriamente. Lo más precario son los ayuntamientos pequeños, pero no es por falta de voluntad, o eso creo sin pecar de ingenua, sino por falta de medios. En los 8.125 ayuntamientos, algunos son tan pequeños que solo tienen un alcalde y pocos concejales, que no cobran, ni tienen Internet, ni nadie que les asesore. El derecho de la transparencia es universal. Un ciudadano, en Madrid, o en una pedanía, tiene el mismo derecho.

¿En que nos hayamos puesto las pilas con la transparencia han influido partidos como Podemos?

Sin duda, el entorno social ha sido muy importante, y ha sido un entorno muy complejo. La crisis económica ha hecho estragos, ha aparecido la exigencia de saber cómo se gestiona el dinero público, las instituciones que tradicionalmente han tenido prestigio lo han ido perdiendo, algunos asuntos de corrupción han hecho mucho daño, la confianza de los ciudadanos... Todo esto ha influido para que haya una ley de transparencia. Pero los grandes cambios siempre se hacen desde la sociedad hacia arriba.

También han podido influir los intereses electorales ¿no?

No, la transparencia es un acto de voluntad importante. Ha habido muchos gobiernos y nadie quiso ponerla en marcha. La ley de transparencia no es algo para usarlo en beneficio propio, es algo para los ciudadanos.

Tenemos una ley transparencia... pero también escándalos, como que el ministro del Interior se reúna con Rodrigo Rato. ¿Qué hay de las agendas?

Las agendas son información pública y deben conocerse. Tenemos cuarenta peticiones en las que los ciudadanos las solicitan. Conocerlas es un derecho. Lo que ocurre es que en ningún sitio se ha definido lo que es realmente la agenda, cada ministerio tiene una gran disparidad de criterio, algunos no las guardan, otros la llevan en papel... Ese es nuestro trabajo. Vamos a definir qué es una agenda transparente y tenemos que hacerlo con la colaboración de la Agencia española de Protección de Datos. Hemos pedido a la Agencia un criterio de hasta dónde se puede dar información de esas reuniones y que no lesionen los derechos que protege la ley de protección de datos. A partir de ahí, definiremos qué es la agenda, estableceremos unos máximos y una recomendación para nuestros políticos y responsables administrativos.

Siguiendo con Fernández Díaz y el director de Antifraude ¿llegaremos algún día a conocer las conversaciones a despacho cerrado?

Las reuniones no se graban. Y hay que pensar también que la ley de transparencia tiene unos límites. No vamos a llegar a la desnudez por la transparencia. El artículo 14 de la ley establece que hay elementos que tienen que ser protegidos, como conversaciones sobre lucha antiterrorista, relaciones internacionales, aquellas que ponen en compromiso las relaciones comerciales del Estado…

Otro tema son los asesores… El dato no se actualiza desde hace años.

Hay algunos datos retributivos que tienen que ser reservados, porque pueden afectar al derecho a la intimidad personal, pero nosotros establecimos un criterio genérico: a más responsabilidad, más transparencia.Debería sancionarse a quien se niega a darnos información

Conocemos el sueldo de los políticos, sí, pero la realidad es que después ¡no podemos hacer nada para cambiarlo! ¿De qué nos sirve entonces?

Nos sirve para ser ciudadanos informados y críticos, para valorar si los que nos gestionan merecen o no nuestra confianza. Y actuar en consecuencia.

La ley no contempla sanciones por ocultar o no facilitar información. ¿Debería?

Sí, soy partidaria. Ahora, lo que podemos hacer es requerir varias veces la información. Si a la tercera no se da, se pone en una lista de incumplidores. La realidad es que todos cumplen y si no están de acuerdo, lo que corresponde es recurrir a los tribunales. Solo en el 1,7 % de los casos se han demandado los acuerdos del Consejo por la vía contenciosa, el resto han cumplido todos. Es un buen dato, y anima a continuar.

Los requisitos para entrar en el Portal de Transparencia parecen disuasorios…

Llevamos reclamando un cambio desde el principio, y también lo ha dicho la Defensora del Pueblo.  No te pueden pedir siete llaves para entrar a algo que es tuyo. La administración debe hacer un acceso sencillo, comprensible y universal.

¿Cuál es la institución más opaca?

La verdad es que todas cumplen, pero lo que sí ocurre es que algunos portales de ciertos organismos no están bien pulidos, la información no es lo bastante clara, reutilizable o accesible. Estamos preparando la memoria anual que tenemos que llevar a las Cortes y vamos a pedir ser los primeros en comparecer para informar sobre el balance del primer año.

¿Es frecuente que se desestimen las solicitudes de información?

No, la mayoría se admiten. Por poner datos del Portal: de 5.198 solicitudes, se concedieron 3.409, 1.177 fueron inadmitidas y 142 denegadas. La mayoría lo son por motivos de seguridad, o porque se demandan asuntos que la ley no contempla. Nosotros, en año y medio, hemos recibido en el Consejo casi 1.000 reclamaciones de ciudadanos que no están conformes con la respuesta recibida de la Administración.

Defiende que el Consejo es independiente. Pero su cargo es propuesto directamente por el Gobierno…

Podría dar mil argumentos para justificar la independencia, pero daré solo uno: las resoluciones de esta presidenta están recurridas. Tengo trece demandas en los tribunales de lo contencioso-administrativo por desacuerdos. No servimos a instrucciones ni recibimos órdenes ni tenemos ningún tipo de interés.

¿Ha recibido algún tipo de presión?

No, esa es la verdad. Directamente, me han recurrido.

¿Hasta dónde llega su capacidad para exigir información?

Si la Administración o el ciudadano no están de acuerdo con el Consejo pueden acudir a la vía contenciosa-administrativa a pleitear. Tenemos dos sentencias a favor, una en contra y pendientes unas cuantas. No nos divierten los recursos, nosotros nos defendemos a nosotros mismos, no tenemos el amparo de la abogacía del Estado. Personalmente, el conflicto no me gusta, pero me afianza en mi independencia.

¿A los españoles nos importa realmente la transparencia?

Las peticiones de información son poquísimas. En este tiempo, año y medio, se han hecho poco más de 5.000 peticiones. En el primer año, en Reino Unido, fueron 45.000. La culpa la tiene la dificultad para acceder a la información, la falta de cultura de la transparencia... Hay gente que no sabe que existe, que puede pedir información sobre por qué el polideportivo de su pueblo ha costado tanto, o cuánto cuesta el festival de Eurovisión. Y de que la Administración tiene un mes para contestarle. Pero no ha habido una campaña de publicidad importante, ni hay formación reglada en las universidades. Tenemos que cambiar aún una cultura de muchos años.

¿Hasta qué punto la sociedad es también cómplice de la corrupción?

En cierta medida, sí lo es. Si pensásemos en eso, nos moveríamos más como ciudadanos. Hay cosas que si sabes que se van a saber, no las harías, por bochorno. Desde que éramos niños, en público, nos hemos portado mejor. Y sentirse observado y obligado a rendir cuentas es lo mismo.

¿Cuánto nos queda para una transparencia ideal?

Que la transparencia fuera algo conocido e interiorizado por los gobiernos, que apuesten decididamente por la transparencia, que no sean palabras o promesas, sino una apuesta importante. Los partidos hablan de transparencia, pero a la hora de cumplirla, no se puede decir que lo hagan, y los ciudadanos, quizás por miedo o falta de cultura no están ejerciendo su derecho como deben.

¡Que usted se quede en paro puede ser un buen síntoma!

(risas) Sería fantástico que no tuviéramos ni ley ni Consejo. En Suecia llevan 250 años con transparencia. Al principio, había una ley, pero ahora todos saben perfectamente los mecanismos, la Administración sabe que tiene que poner cláusulas de transparencia, la participación de los ciudadanos en las decisiones es total... ¡hasta se somete a intervención pública la intención de poner un semáforo en una calle!! Cuando ellos estaban haciendo transparencia, nosotros estábamos haciendo la Puerta de Alcalá. En ese caso, ¡bendito paro!

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