Cladera se ha reunido con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y con el secretario de Estado de Presupuestos y Gasto, Alberto Nadal, de cara a clarificar las demandas básicas de Baleares a incluir dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, según recoge la Conselleria en un comunicado.
Los representantes del Estado han anunciado que las cantidades previstas por el convenio de carreteras se empezarán a entregar en 2017, mientras que han avanzado que estudian fórmulas para combatir las disfunciones creadas por la interinidad en la función pública.
Como ha recordado el Govern, Baleares ha ocupado en 2016 la penúltima plaza entre las diferentes comunidades por volumen de inversión per cápita que le ha dedicado los PGE, con 146,9 euros por habitante, cuando la media por CA ha quedado en los 288,9 euros por habitante, una tendencia que según el Govern se ha mantenido durante los últimos diez años.
Además, el Govern ha recalcado que con la inclusión de la disposición adicional novena dentro del nuevo Estatuto de Autonomía de 2007 se reconocía este déficit inversor en el archipiélago, y se proponían medidas de corrección suplementarias como las inversiones estatutarias, que a partir de 2007, y durante siete años, tenían que garantizar una inversión global del Estado de 2.400 millones de euros.
Sin embargo, esta inversión sólo se ha producido en parte, en los años 2009 y 2010, un incumplimiento que Cladera ha recordado a Nadal y Collado.
En el caso del convenio de carreteras, se trata de una cantidad global de 240 millones de euros que se tenían que recibir por tres anualidades a partir de 2016; el Gobierno ha renunciado a abonar los 80 millones previstos de inicio, de modo que esta cantidad se acumula y será exigible en 2017 y 2018.
Para Cladera, "los PGE 2017 tienen que prever cantidades por cuenta de este protocolo que contempla inversiones estatutarias y el convenio de carreteras, y así lo ha entendido el secretario de Estado".
TASA DE REPOSICIÓN
Paralelamente la contratación pública también tiene que recibir un "empujón" dentro de los PGE, puesto que es la ley a través de la cual se han aprobado cada año las tasas de reposición para el personal funcionario y laboral de la función pública.
Cladera ha trasladado a Elena Collado la necesidad "de eliminar la tasa de reposición para permitir convocar oposiciones libres a la función pública de la CAIB".
De hecho, "las diferentes medidas aprobadas a las sucesivas leyes de PGE desde 2010 no han conseguido el objetivo pretendido de reducir el gasto en la contratación, más bien al contrario".
Según Cladera, "la necesidad de personal para la función pública crece en la misma medida que lo hace la demanda de servicios públicos" y este hecho motiva que se busquen fórmulas alternativas para realizar las contrataciones, como el interinaje.
Sin embargo, la Conselleria ha incidido en que los profesionales contratados interinamente desde 2010 en Baleares realizan tareas idénticas a las del personal de carrera, lo que provoca que progresivamente ya se empiece a reclamar la equiparación de derechos entre unos y otros.
"No es cierto que se haya conseguido reducir el gasto con la tasa de reposición, porque además del coste salarial de los interinos, hay que contar también los costes derivados de las sentencias judiciales", ha dicho Cladera, para quien una eliminación de la tasa de reposición ya permitiría "regularizar la situación de los trabajadores de la función pública".
Sólo en la sectorial de servicios generales, dentro de la CAIB, hay actualmente un 25% del total de la plantilla en situación de interinidad, un porcentaje que llega hasta el 30% en el caso de los docentes. En los últimos años se han contratado cerca de 700 trabajadores en estas condiciones.
"Esto lo queremos resolver, para dar las máximas garantías laborales a las personas que trabajan en la función pública", sostiene Cladera, "pero para hacerlo necesitamos que el Gobierno del Estado no incluya la tasa de reposición dentro de la Ley de Presupuestos de 2017".
Como medida alternativa, de manera transitoria, se ha pedido que se puedan ofrecer convocatorias de oferta pública de ocupación a partir de las plazas no publicadas o de las oposiciones no convocadas en años anteriores, calculadas a partir de las tasas de reposición vigentes en cada momento.
"Esto no resolvería el problema a futuro, pero abriría la puerta para hacerlo, para volver a la normalidad", ha afirmado Cladera.
FONDOS EUROPEOS
Finalmente, la distribución de los Fondos Europeos entre Comunidades, después de la ampliación que prevé hacer Bruselas, también ha centrado parte de la reunión.
El Govern estima que, según el cálculo sugerido por Europa, Baleares tiene que obtener unos 40 millones de euros por esta vía.
En la reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Economía y Competitividad en Madrid, también ha participado los directores generales de Función Pública y Administraciones Públicas, Pedro Jiménez, y el de Presupuestos y Financiación, Joan Carrió.
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