El Congreso aprueba tramitar la renta mínima de 426 euros, superando el rechazo del PP y Cs

El Pleno del Congreso, pese al voto en contra del PP y de Ciudadanos, ha aprobado tomar en consideración la proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, procedente de una iniciativa legislativa popular (ILP) pro movida por los sindicatos CC.OO. y UGT.

El Congreso aprueba tramitar la renta mínima de 426 euros, superando el rechazo del PP y Cs

Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Ciudadanos que consideran "inasumible" la cuantía de la renta, han dado luz verde a la toma en consideración de la iniciativa, para la que los sindicatos recabaron más de 700.000 firmas, con lo que inicia ahora su tramitación y se abre un periodo de enmiendas.

En concreto, el Pleno de la Cámara Baja ha aprobado la toma en consideración con 176 votos a favor, y 163 votos en contra. En diciembre ya aprobó una moción del PSOE que reclamaba un ingreso mínimo vital para los desempleados sin prestaciones.

Durante el debate, el portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, se ha encargado de defender la iniciativa, que ha calificado "de alcance, sumo interés y relevante" la proposición de ley para establecer un ingreso mínimo que asegure una "vida digna" y cubrir una "carencia seria" y una "insuficiencia grave" en el sistema público de protección social para los que han agotado todas las ayudas posibles, de forma que se consiga tener "un país decente".

En este sentido, ha recordado que hay 1,4 millones de familias con todos sus miembros activos en paro, 700.000 familias sin ingresos, seis millones de trabajadores pobres con sueldos inferiores al SMI, tres millones de personas bajo el umbral de la pobreza, 3,5 millones en pobreza severa y dos millones de niños pobres.

Simancas, que ha anunciado la intención del PSOE de que se incremente la prestación por hijo a cargo durante la tramitación de la ley, ha defendido la viabilidad económica de la iniciativa si se comparan los 12.000 millones que conllevaría con los 40.000 millones del rescate bancario, o los 30.000 millones que suponían las prestaciones por desempleo en 2011 y los 18.000 millones que representan en la actualidad.

REQUISITOS Y CUANTÍA

La proposición de ley busca fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros.

En concreto, los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desempleo, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La cuantía de la prestación estaría en el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.

Para poder sufragar el importe total de la prestación se necesitarían casi 12.000 millones de euros, lo que supone el 1,1% del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2% y el 0,4% del PIB.

LOS SINDICATOS, "SATISFECHOS"

En declaraciones a los periodistas al término del debate, al que han acudido, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han mostrado su "satisfacción" por el respaldo de la mayoría del Congreso a su iniciativa legislativa popular (ILP) para garantizar la renta mínima, si bien han criticado la "falta de sensibilidad" y la "desvergüenza" de los argumentos dados por el PP y Ciudadanos para rechazarla y han exigido que no haya "filibusterismo parlamentario" para retrasar o torcer la iniciativa.

Los sindicatos han afeado la ausencia de todos los miembros del Gobierno al debate y han tachado de "cinismo absolutamente insoportable" el rechazo de Ciudadanos a la ILP cuando antes solicitaba que se bajase el número necesario de firmas para poder presentar una.

Para las organizaciones sindicales sería una "buena noticia" que se introdujesen modificaciones durante la tramitación de la proposición de ley con el fin de "mejorar" su contenido.

PODEMOS PIDE UNA RENTA DE 660 EUROS

El portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos, Segundo González, ha defendido por su parte que la iniciativa va en la "dirección adecuada", si bien ha criticado los "planes" del PP y el PSOE para obstruir la aplicación de la ley, ya que "parece que se pondrá de acuerdo para no aplicar la medida hasta que no haya Presupuestos".

A pesar de su voto favorable a la tramitación de la iniciativa, González ha indicado que desde Unidos Podemos intentarán incrementar la cuantía durante su tramitación, para ampliar la cobertura de 426 euros, que "no es una cantidad suficiente para salir del umbral de la pobreza", hasta el entorno de los 660 euros.

"No pedimos la luna, sino que nos hacemos eco de las recomendaciones de la CE para hacer extensivo a todo el Estado una realidad en el País Vasco", ha apuntado.

DEMAGOGIA

Por el contrario, la diputada 'popular' Susana López Ares ha apelado al "voto responsable" para rechazar la toma en consideración de la iniciativa porque "no se puede votar el inicio de un proceso que se sabe desde un principio que no es viable".

López Ares ha indicado que algunos expertos calculan que el número de posibles beneficiarios podría oscilar entre los 8 y los 10 millones de personas que podrían cumplir unos requisitos que "no son tan claros", y el coste podría situarse entre los 12.000 y los 50.000 millones de euros.

De esta forma, ha tachado de "demagogia" la postura de algunos portavoces parlamentarios, si bien ha mostrado su "respeto" por los 700.000 firmantes de la ILP, a los que ha señalado que desde el Grupo Popular "no vamos a decirles que algo es posible cuando es absolutamente imposible".

Por ello, ha abogado por "soluciones reales a los problemas y no castillos en el aire", avanzando que se continuará con el Plan Prepara, el PAE y los programas sociales que permiten que 14 millones de españoles reciban alguna prestación.

El portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, se ha opuesto también a la proposición de ley y ha criticado al PSOE por "podemizar" sus políticas, con una iniciativa que "no se puede cumplir y acaba generando desconfianza" al ser "un caldo de cultivo perfecto para que emerja el populismo".

Roldán ha dicho ver un problema de "dinero, incentivos y conceptos" en la iniciativa, que a su juicio es inasumible en términos económicos al suponer una cifra similar a la necesaria para reducir el déficit del 4,6% del año pasado al 3,1% comprometido este ejercicio, pero "en la dirección contraria".

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