Ambas partes han tenido este martes su primer encuentro de toma de contacto, y la primera reunión de la mesa de trabajo se convocará entre finales de este mes y principios de noviembre.
El decano de los Registradores de Catalunya, Luis Suárez, ha explicado a Europa Press que el encuentro de este martes con el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, no ha servido para concretar cuándo se quiere liquidar el contrato actual y cómo se quiere incorporar a la plantilla.
Con todo, ha mostrado su voluntad de colaboración "en todo lo posible para que este cambio no perjudique a los contribuyentes ni a las arcas de la Generalitat".
GESTIÓN LONGEVA
Desde 1983, la Generalitat ha encargado la gestión de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones a las oficinas liquidadoras de los registradores de la propiedad, y actualmente rige el convenio de 30 de octubre de 2012, prorrogado hasta el 30 de octubre de 2017, pero que la Generalitat podría dar por finalizado con un preaviso de nueve meses.
Según los registradores, actualmente trabajan en las oficinas liquidadoras 49 registradores de la propiedad, cuatro registradores mercantiles, 51 arquitectos (autónomos) y 282 administrativos.
Hay instaladas 55 oficinas: 49 en Registros de la Propiedad; cuatro en los Registros Mercantiles de las capitales de provincia; un Centro de Comprobación Integral en el Decanato de Catalunya del Colegio de Registradores, y un Centro de Escaneo y Grabación en Valldoreix, también gestionado por el Decanato.
Los registradores defienden que, durante el período de crisis 2008/2014, las oficinas liquidadoras han tramitado diez veces más liquidaciones que la ATC, teniendo prácticamente el mismo número de documentos a comprobar.
En cuanto a la recaudación obtenida, reivindican que los ingresos generados por la actuación comprobadora de las oficinas liquidadoras ha sido el doble de lo que han generado las oficinas gestoras de la ATC.
Por ello, alertan de que acabar con el convenio podría llegar a generar un impacto negativo en el presupuesto de la Generalitat de casi 100 millones de euros cada año.
LIMITACIONES NORMATIVAS
El secretario de Hacienda de la Generalitat insistió este septiembre en el Parlament en que el Govern quiere incorporar a los profesionales de las oficinas liquidadoras a la ATC, pero que su contratación directa "no tiene amparo legal" en la legislación de la Función Pública.
Así, deberán presentarse a un concurso público abierto a cualquier persona que cumpla los requisitos para incorporarse como funcionarios interinos.
En cualquier caso, Salvadó destacó que las bases del concurso valorarán la experiencia y conocimiento del sistema de recaudación tributaria, lo que ya tienen estos trabajadores.
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