Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, la aportación aprobada se realiza "pese a los recortes llevados a cabo por la Administración central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012, además de otros 10 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que se traduciría en la atención a 105.000 personas".
Vázquez ha destacado que actualmente la Junta financia el 78 por ciento de la inversión total asociada a esta prestación frente al "compromiso de cofinanciación al 50 por ciento que marca la ley", así como que Andalucía es la única comunidad autónoma que sufraga íntegramente el refuerzo de profesionales y el servicio de ayuda a domicilio. Ello se traduce en que, desde la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia en 2007, la Junta ha transferido a las corporaciones locales 2.500 millones de euros por estos dos conceptos (162 por el primero de ellos).
Los profesionales de refuerzo, integrados por trabajadores sociales, realizan actividades relacionadas con la tramitación de las solicitudes de baremación en los Servicios Sociales Comunitarios, así como con las propuestas del Programa Individual de Atención. Su gestión compete a los ayuntamientos y diputaciones, mientras que la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal.
Según la Junta, Andalucía aglutina más del 22 por ciento de las personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia en el conjunto de España. Actualmente hay 238.701 prestaciones concedidas para 184.985 personas. Asimismo, 51.747 andaluces reciben el servicio de ayuda a domicilio, lo que representa el 31 por ciento del total nacional, mientras que otras 74.865 son usuarias de la teleasistencia (alrededor del 46 por ciento).
En los presupuestos de 2017 se consignan 1.188 millones de euros, un 2,5 por ciento más que el presente ejercicio, para el desarrollo de la Ley de Dependencia, lo que supone, según la Junta, una "cantidad similar" a la que el Gobierno central destina para toda España (1.250 millones). Vázquez ha recordado que el compromiso de la Junta es que este incremento continúe hasta alcanzar el 10 por ciento acumulado a lo largo de la legislatura. Esta inversión, que en casi un 54 por ciento se destina a financiar a ayuntamientos y diputaciones, permitirá incorporar 45.000 nuevos beneficiarios.
Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia hace diez años, la Junta ha invertido más de 10.000 millones de euros en la atención a más de 371.600 personas, que se han beneficiado de 488.300 prestaciones. El desarrollo de esta norma ha supuesto en la comunidad la creación de más de 45.500 empleos estables, de los que más de 18.000 corresponden al servicio de ayuda a domicilio.
PROPUESTAS DE LA JUNTA
El Consejo de Gobierno ya acordó en noviembre solicitar la convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con el fin de abordar la incidencia de los recortes del Gobierno central en el sistema de atención a la dependencia, que en el conjunto de España han supuesto una pérdida de 2.800 millones de euros, así como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras del entorno familiar.
La Junta propondrá al resto de administraciones los grandes ejes contenidos en el Pacto de Estado en Defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Entre sus medidas destacan la reposición urgente de la cofinanciación estatal legalmente exigida; medidas de apoyo para la reactivación del sector vinculado a la materia; la garantía de la responsabilidad pública en la gestión directa de todo el proceso de valoración, prescripción e inspección, o el apoyo al papel de las corporaciones locales en la prestación de una atención de calidad.
Del mismo modo, la Junta considera imprescindible realizar un nuevo baremo de valoración de la dependencia más preciso; agilizar y simplificar los procedimientos en sus distintas fases, de manera que el plazo total no supere los seis meses; el impulso de servicios de calidad profesionalizados y la reactivación del sector sin detrimento del derecho de las personas a mantenerse en su propio entorno familiar; mejorar los mecanismos de participación y la coordinación de los servicios sociales y los sanitarios, y asegurar que cualquier reforma sustancial del sistema se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y no mediante fórmulas excepcionales que eviten su debate en el Congreso de los Diputados.
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