Según explica el PSOE en una nota, la propuesta recuerda que en diciembre de 2006, después de meses de trabajo de las fuerzas políticas parlamentarias, con la participación de las comunidades autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo, se aprobaba la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Esta ley reconocía un nuevo derecho subjetivo, el de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos. Para ponerlo en marcha se creaba el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contaba con un calendario de implantación que debía desplegarse de forma gradual hasta 2015.
Asimismo, el Sistema ofrece un catálogo de servicios y prestaciones para la promoción de la autonomía y la atención a las situaciones de dependencia.
Entre estas se encuentra la "prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales", regulada en el artículo 18 de la Ley que dispone que, excepcionalmente, el beneficiario podrá recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, cuando esté siendo atendido por su entorno familiar, y siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención, según indica el PSOE.
"Una de las primeras medidas del Gobierno del Partido Popular fue la decisión de paralizar el calendario de aplicación de la Ley impidiendo a casi 400.000 personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio, tal y como estaba previsto", añade la moción socialista, que agrega que, posteriormente, en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, el Gobierno eliminó la partida para el nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros, lo que volvió a suceder en los presupuestos de 2013, 2014, 2015 y 2016.
Continuando con el proceso de "desmantelamiento" del Sistema, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad introdujo "numerosas modificaciones" en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Entre estas modificaciones destaca la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado; la reducción en un 13 por ciento de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección; la reducción en un 15 por ciento de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.
El Real Decreto-ley 20/2012, continúa el PSOE, modificó también la regulación del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia. Los convenios especiales pasan a tener carácter voluntario y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social pasan a ser a cargo exclusivamente del suscriptor.
"Esta medida afectó a unas 180.000 personas que tenían suscrito el convenio especial, de las cuales, el 92 por ciento son mujeres", indica la moción del Grupo Municipal Socialista, que añade que "estas cuidadoras vieron eliminado el reconocimiento a su labor que se había producido con la aprobación de la Ley, a la vez que se esfumaban sus expectativas de generar una pensión que les garantizara unos ingresos en la etapa final de sus vidas".
En la actualidad, después de reducir la cuantía de la prestación y eliminar la cotización a cargo del Sistema, son menos de 10.000 las personas que se mantienen en alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, asumiendo ellas su pago, según informa el PSOE.
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