La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, urge a la comisión de expertos para analizar la situación del Sistema de Dependencia y su mecanismos de financiación, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado febrero, a que "se establezcan los mínimos en el mantenimiento de la ley con las garantías presupuestarias necesarias, que la financiación sea finalista y que se recupere la pérdida que ha habido con los recortes en dependencia desde 2012".
Así lo ha indicado la consejera en una entrevista a Europa Press, en la que afirma que se han venido realizando reuniones técnicas de esta comisión, pero "está aún sin cerrar". Además, ha vuelto a denunciar que Andalucía ha dejado de recibir 625 millones desde 2012, a los que se suman otros 17 por el pago de la teleasistencia avanzada, un dinero, subraya, que "hubiera permitido la atención a 105.000 personas más" y ha denunciado que "las comunidades están entre el 17 y el 21 por ciento de financiación por parte del Estado".
"Se irá acumulando la pérdida como no se corrija", lamenta la consejera, que vuelve a pedir al Gobierno que "se garantice la financiación del nivel básico y el abono de la teleasistencia avanzada para poder dar entrada a dependientes moderados, donde está el porcentaje mayor de personas esperando a acceder al sistema" y "tenemos problemas no solo de tipo presupuestario sino también en cuanto a la gestión".
No obstante, ha explicado que con el plan de choque aprobado para "mitigar" los recortes del Estado "más de 5.700 personas de grado I se han incorporado al sistema de dependencia en Andalucía", de entre un total de 13.000 incorporados desde marzo, y que a 30 de junio de 2017 hay 186.100 personas beneficiarias con 238.6000 prestaciones.
Igualmente, Sánchez Rubio ha resaltado que entre 2015 y 2016 Andalucía "ha incorporado a unos 70.000 beneficiarios, con 93.000 prestaciones nuevas, y se han llevado a cabo más de 134.000 nuevas valoraciones y revisiones".
Pero insiste, "el tema fundamental es el acceso a la situación de dependencia moderada por el freno en el abono de las prestaciones que están en le catálogo de servicios", y afirma que aunque en estos momentos "están incorporando a personas, les está costando". Por su parte, recuerda que las personas valorados con grado 2 y 3 se encuentran "estrictamente en los plazos que marca la Ley de Dependencia".
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