Programa electoral de Podemos: de las 34 horas semanales al SMI de 1.200 euros

La propuesta de Podemos e Izquierda Unida a las Elecciones Generales de 2019 bajo el nombre de Unidas Podemos presenta un programa electoral de 394 propuestas entre las que se encuentran medidas como impulsar un SMI de 1.200 euros, la de una renta básica garantizada o la jornada laboral de 34 horas semanales.

Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos, ha explicado que Unidas Podemos incluirá en su programa electoral una renta básica garantizada para los hogares sin recursos que podría oscilar entre los 600 a los 1.200 euros con escalas intermedias en función del número de miembros de la unidad familiar, con un coste de entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Para poder hacer frente a estos pagos, la formación morada propone establecer un impuesto a las grandes fortunas de entre el 2 y el 3 por ciento.

Álvarez expone en su entrevista a Europa Press que, según la encuesta de condiciones de vida, a fecha de hoy habría unos 10 millones de personas que están por debajo del umbral de la pobreza en España. Para paliar esta situación, la formación morada incluirá en su programa una renta básica para los hogares sin recursos y que también complementaría los salarios más bajos. Sería compatible con los ingresos por el trabajo, ya que los perceptores no la perderían inmediatamente si encuentran un trabajo, sino progresivamente para "evitar la trampa de la pobreza".

La formación morada explica que la reducción de jornada laboral se aplicaría de forma generalizada para todos los asalariados y asalariadas, a 34 horas semanales pero sin reducción salarial, de tal forma que la jornada de trabajo sería de 7 horas al día y de 6, los viernes. El objetivo de esta medida es impulsar la reorganización de horarios necesaria para conciliar la vida laboral y familiar.

Podemos hará un planteamiento integral del mercado laboral, garantizando un marco de negociación colectiva en el que "la flexibilidad que las empresas necesitan se produzca por la vía de la jornada laboral, pero con un modelo similar al alemán".

"Pensamos que el modelo hacia el que hay que tender no es un modelo en el que los ajustes se produzcan despidiendo a la gente o bajándoles el salario, que es lo que tenemos ahora, sino fundamentalmente a través de la flexibilidad interna, a través de la reducción de la jornada laboral, como ha sido el modelo de algunas cooperativas en España, o el modelo alemán", expone Álvarez.

Pero esa reducción de jornada no iría acompañada de una bajada en el salario, según Álvarez, quien precisa que el Estado aportaría la diferencia "con cargo al derecho de los trabajadores a cobrar el subsidio de desempleo en el futuro".

Junto con esto, Podemos propone que el marco de la negociación colectiva permita que el crecimiento salarial se acompañe al crecimiento de la productividad. Admite que se debe reforzar el crecimiento de la productividad porque en España es "pequeño y preocupante", pero aún así cree que hay margen para que los salarios crezcan "hasta alcanzar ese crecimiento de la productividad".

En cuanto a los modelos de contrato, defienden que debe haber un único contrato temporal cuya duración sea de un mínimo de un mes y con una utilización que esté justificada, es decir, que debe tener una causa para que no se abuse de él. Y para desincentivar el uso del mismo, propone que la indemnización por despido sea de 33 días por año trabajado.

Así, consideran "urgente" reconvertir los contratos temporales en indefinidos, por entender que se abusa de ellos, ya que duplican a la media europea. 

Admiten que esto pasa en la economía española también porque "tiene un componente estacional mayor", pero consideran que para eso existe otro tipo de contrato que se debería utilizar que es el "fijo-discontinuo". Este modelo, señala, "se utiliza muy poco y tiene un sentido en nuestra economía" porque "permite flexibilidad a las empresas".

Para Nacho Álvarez, el contrato indefinido tiene que ser la "norma", mientras que el temporal debe ser "puntual". En cuanto a las causas del despido, cree que se deben causalizar porque lo que hizo la reforma laboral de 2012, dice, fue descausalizarlo y "hacerlo libre", de tal forma que el contrato indefinido está siendo utilizado como temporal.

En cuanto al sistema de pensiones, considera que tienen un problema a corto y otro a largo plazo. En el caso del primero, Nacho Álvarez cree que una forma de empezar a corregirlo sería con "salarios dignos" porque los "salarios basura generan cotizaciones basura".

Por ello, además de subir el SMI para lograr mejores cotizaciones y salarios dignos, cree que se deben destopar las cotizaciones más elevadas para los salarios que están por encima de los 3.500 euros al mes y suprimir las bonificiaciones a las empresas. Estas tres medidas sumarían 15.000 millones y se reduciría buena parte del déficit de la caja de la Seguridad Social, según explica.

A ello, suma la necesidad de que las pensiones sean socialmente sostenibles a largo plazo y esto, señala, exige vincularlas al IPC.

En cuanto al problema a largo plazo, que se producirá con la incorporación de la generación del baby boom tendrá el pico de tensión en el sistema en el año 2050, cuando se incrementarán las pensiones 3 puntos del PIB. En ese caso, y con revalorizaciones de las mismas con el IPC, considera que se deberán destinar fondos de los Presupuestos Generales del Estado a financiar parte de las mismas.

La formación morada plantearía una subida del IRPF para ingresos superiores a 100.000 euros, elevar 3 puntos la tributación de las rentas del capital o establecer un mínimo del 15 por ciento para el impuesto de Sociedades, que se elevaría al 20 por ciento para la banca.

El planteamiento es recortar distancias con Europa en materia de recaudación y para ello hay que ganar en "progresividad" y tributar allí donde no se está tributando. En su opinión, los "mayores agujeros" que tiene que ver con "privilegios fiscales a rentas mas altas" y eso exige una "visión integral, en algunos casos retocar algunas de las figuras tributarias y en otros seguramente reformas más profundas".

Para el IRPF el planteamiento es una "subida de los tramos superiores a los 100.000 euros", aunque no desvela el tipo marginal que impondrían. A esto se sumaría un "acercamiento" en la tributación de las rentas del capital a las del trabajo con un incremento de entre 2 y 3 puntos para los impuestos que se aplican a las primeras.

Para el IVA no plantean una reforma "importante", tan solo reducir este impuesto para algunos grupos de productos como los servicios veterinarios o los de higiene femenina.

En el caso del impuesto de Sociedades, considera necesaria una "revisión profunda" porque en este momento se están produciendo los mismos beneficios empresariales que había antes de la crisis, pero hay un "hueco de recaudación de 20.000 millones de euros".

Por ello, proponen establecer un tipo mínimo efectivo del 15 por ciento, es decir, que el tributo no baje de ese porcentaje después de las deducciones o exenciones que las empresas se puedan aplicar. Un porcentaje que se elevaría 5 puntos, hasta el 20 por ciento, para las empresas financieras.

A ello se añadirían nuevas figuras tributarias como la creación de un impuesto para las grandes fortunas que va a tener el objetivo de gravar a los grandes patrimonios del país (superiores al millón de euros netos) para obtener una recaudación en torno a un 1 por ciento del PIB.

Para evitar que se siga produciendo en España la contratación de falsos autónomos por parte de las empresas plantean la aplicación de "sanciones ejemplares" a los que incumplan la legalidad.

"Creo que si algo nos ha enseñado el código de circulación es que sanciones ejemplares a aquellos que incumplen la legalidad son efectivas para que el conjunto de ciudadanos nos comportemos de acuerdo a la ley", asegura Nacho Álvarez. El dirigente morado no especifica las cuantías pero sí señala que tienen que ser unas sanciones que desincentiven el proceso de generación de falsos autónomos y añade que, en todo caso, "la inspección de trabajo tiene que actuar en este problema porque empieza a generalizarse".

Álvarez expone también que otra de las cuestiones que les preocupan en relación con los autónomos y que "el Gobierno incumplió" es que las cotizaciones de estos trabajadores se ajusten a los ingresos reales que tienen. Es decir, que "aquellos autónomos que hoy tienen ingresos inferiores al SMI no deberían estar pagando las cuotas que están pagando como si tuvieran ingresos superiores, esto es un primer paso, es lo que va a estar en el programa electoral", ha apostillado.