JxSí y la CUP han pedido este miércoles un cambio del orden del día del pleno del Parlament para que se incluya el debate y la aprobación de la ley del referéndum con el fin de convocar, organizar y celebrar esta votación el 1 de octubre.
La encargada de pedirlo ha sido la portavoz de JxSí en el Parlament, Marta Rovira --ha pedido la palabra justo al abrirse el pleno a las 10.15--: ha defendido que la autodeterminación es un derecho de Cataluña como "nación", y que el Estado debe respetar y proteger este derecho de acuerdo con Naciones Unidas y otros tratados internacionales.
"No entendería ninguna injerencia por parte del Gobierno en este debate", ha dicho Rovira, que ha invocado el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara, que permite a JxSí y la CUP cambiar el orden del día del pleno, ya que tienen la mayoría absoluta para hacerlo.LINVID20170906_0001
Así, la ley se aprobará previsiblemente con un solo debate en pleno --normalmente son dos--, dándose dos horas para presentar enmiendas y anulándose la posibilidad de impugnar la ley ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
Pese a esto, Rovira ha defendido que no queda afectado el control de la legalidad y los derechos de los parlamentarios, alegando que siempre pueden recurrir a los tribunales ordinarios con posterioridad, además de constatar que las observaciones del CGE no son vinculantes.La CUP acusa al Estado de no dialogar
La diputada de la CUP Anna Gabriel ha secundado las palabras de Rovira, tras reivindicar que el Parlament es "un sujeto político soberano" y acusar al Estado de cerrarse al diálogo y de actuar en base a amenazas y prohibiciones.
Para Gabriel, lo que pasa en la cámara no es un debate sobre el reglamento, el Estatut, el CGE o el TC, sino que se propone un debate y votación de una ley que, a su juicio, es un acto de dignidad colectiva: "Hay un Estado que cree que, más allá de la indisoluble unidad de España no hay vida, y por tanto no hay derechos".Solicitud de reconsideración
Para el portavoz del PP en el Parlament, Santi Rodríguez, hay que resolver antes las peticiones de reconsideración a la Mesa realizada por el PSC antes de abordar una posible alteración del orden del día para incluir la ley del referéndum, además de asegurar que no se están respetando los "requisitos mínimos" que establece el reglamento de la cámara para poder debatirse.
"Agradecemos la preocupación de Rovira por los derechos de los diputados de la oposición, pero la mejor garantía para respetar nuestros derechos es el cumplimiento estricto del reglamento del Parlament", ha recriminado.
En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, que ha acusado a la presidenta del Parlament de vulnerar los derechos de los grupos y en consecuencia de todos los catalanes --al no poderse acudir ni al CGE y dejarse solo dos horas para presentar enmiendas--, y ha advertido de que el Estado de Derecho tiene mecanismos para que lo que se pretenda hacer quede invalidado.
"Todo lo que hacemos hoy aquí está convirtiendo esta cámara no en el Parlament, en el Teatre Nacional de Catalunya", ha ironizado Carrizosa, que ha acusado a JxSí y CUP de despreciar e injuriar a la cámara.
Desde el PSC, Ferran Pedret también ha criticado que se pretenda "hacer saltar por los aires los derechos de las minorías parlamentarias", y ha recordado que ya anunciaron semanas atrás su voluntad de recurrir al CGE.Estado de excepción
También ha explicado que les han denegado la posibilidad de pedir un informe jurídico sobre la ley, y que quieren que se lea en la cámara el informe de los letrados del Parlament, que advierten a la Mesa de que tramitar la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica supone desobedecer al TC.
El portavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, ha acusado a la mayoría independentista de querer "hacer saltar por los aires" la necesidad de un referéndum con plenas garantías democráticas, y ha alertado de que las decisiones del pleno pueden degradar el Parlament a cotas impensables y deslegitimar del todo el 1-O.
En su opinión, JxSí y la CUP situarán las instituciones catalanas "en estado de excepción" creando así, en su opinión, un precedente gravísimo en términos democráticos, lo que provocará que nadie fuera de Cataluña avale el referéndum que se plantea para el 1-O.
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