Lo han explicado a Europa Press fuentes socialistas después de que el presidente de la Generalitat y el vicepresidente hayan enviado una carta a todos los alcaldes de Cataluña recordándoles que deben ceder los locales habituales en las votaciones y dándoles 48 horas para alegar.
El plazo y este llamamiento a la prudencia podrían hacer que sus alcaldes ni se planteen responder a la carta, además de que es posible que la ley del referéndum se suspenda cautelarmente a instancias del Gobierno central.
El PSC está en los gobiernos de las cuatro capitales de Cataluña y tiene presencia en los equipos de centenares de ayuntamientos --más del 50% de catalanes vive en localidades gobernadas por los socialistas--: afirman que su compromiso con el cumplimiento de la legalidad es firme y por eso harán lo que digan los secretarios e interventores.
Ahora la ley del referéndum está vigente, por lo que sus preceptos y exigencias son legales, pero podría dejar de serlo pronto por decisión del Tribunal Constitucional (TC) y, por tanto, los cargos públicos no tendrían la obligación de cumplir una normativa ilegal.
ARGUMENTARIO EN JUNIO
El PSC tiene clara su estrategia desde hace meses: en junio remitió un argumentario a sus alcaldes, concejales y demás cargos electos sobre cómo actuar si el Govern les solicitaba colaboración para organizar un referéndum, en el que les instaba a no colaborar con la consulta y a proteger a los funcionarios.
El documento fijaba el posicionamiento del partido en contra del referéndum unilateral y reclamaba a quienes tengan responsabilidades municipales que nieguen toda ayuda institucional: "No participaremos en un referéndum de estas características".
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