En un comunicado, la organización ha justificado esta decisión porque "los ordenamientos jurídicos para adquirir sentido y valor deben trabajar para la sociedad y es este vínculo el que genera la legitimidad" de obedecer las leyes.
Ha apuntado que la normativa actual "está de espaldas" a una realidad, que ha tachado de innegable, en la sociedad catalana en la que existe una inquietud de identidad histórica que reclama, entre las posibles soluciones, la convocatoria de un referéndum democrático.
Ha criticado que el Estado español use la justicia de forma "ajena" a los conflictos sociales, económicos y políticos que plantea la sociedad.
Allac ha remarcado que la "interacción jurídica es básicamente una interacción social y que no se puede desvincular lo social de lo jurídico", ya que la propia fundamentación jurídica implica la apreciación de realidades fácticas como la que actualmente hay en la ciudadanía catalana, ha valorado la entidad.
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