El secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha dictaminado este jueves que la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.
En un informe de 15 páginas, al que ha tenido acceso Efe, el secretario general del consistorio declina así que el Ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.
De modo que el Ayuntamiento de Barcelona no cederá los locales municipales usados habitualmente en procesos electorales para la votación del referéndum del 1 de octubre porque incumpliría la suspensión del Tribunal Constitucional (TC), como se desprende del informe de los servicios jurídicos que los representantes del Gobierno municipal han dicho que acatarían.
El informe del Secretario del Ayuntamiento, Jordi Cases, consultado por Europa Press, destaca que el consistorio debe cumplir las decisiones del TC, algo que afecta a la cesión de locales.
Fuentes municipales han explicado que el Ayuntamiento y el Govern mantienen abiertas vías de diálogo para facilitar que la movilización del 1-O se pueda celebrar con normalidad en Barcelona.
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