(Ampl.) El Senado aprueba el proyecto de ley de contratos del Sector Público

El Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de Contratos del Sector Público, tras haber introducido la semana pasada tres enmiendas, por lo que continuará su tramitación volviendo de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.

(Ampl.) El Senado aprueba el proyecto de ley de contratos del Sector Público

El Pleno del Senado no ha incorporado ninguna enmienda parcial nueva, después de que la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta introdujese la semana pasada tres enmiendas al proyecto de ley, con lo que modificó el articulado original de la norma, para que prevalezcan los convenios colectivos que marque la ley (actualmente convenios empresariales en su mayoría), priorizando así los contratos del sector público con las compañías con convenios de empresa pactados, frente a los sectoriales.

Con el proyecto de ley se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas en materia de contratación pública del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de febrero de 2014.

Los diputados del PP que han defendido el proyecto en el Pleno del Senado, Guillermo Martínez y Javier Fernández, han destacado que el proyecto que se ha debatido es de "gran importancia" para los españoles, ya que regula la realización de obras, la prestación de servicios y la adquisición del bienes del conjunto que las administraciones públicas ponen a disposición de los ciudadanos, a través de contratos con empresas u otras entidades.

En concreto, se estima que el conjunto de contratos del sector público supone aproximadamente un 20% del PIB nacional. Martínez ha insistido en que no se pretende "prejuzgar la bonanza del convenio de empresa o del sectorial, sino que, a las empresas contratadas, se les exija el convenio que legalmente sea aplicable".

"Existe un amplio consenso entre todos sobre qué debe ser la contratación pública pero que, sobre todo, es una muestra de que los políticos no sólo confrontamos y discutimos, sino que también somos capaces de dialogar, de buscar encuentros y de aportar soluciones conjuntas a los problemas que realmente preocupan a los españoles", ha agregado.

Por su parte, Fernández ha explicado que el Senado no modificará el texto del Congreso, salvo con la incorporación de tres enmiendas del PP que se plantean por razones de seguridad jurídica, para que el texto no entre en contradicción con la actual legislación, ya que la Cámara Alta ya ha aceptado más del 90% de las enmiendas que allí propusieron el resto de grupos y "no queremos renunciar a ese amplio acuerdo".

En esta línea, Martínez ha indicado en declaraciones a Europa Press, que los cambios introducidos en el Senado son "meramente técnicos" y para "evitar conflictividad jurídica".

La nueva redacción del PL trata de impedir las prácticas corruptas, según Fernández. "Es necesario reconocer que, por desgracia, será muy difícil erradicar este tipo de conductas, puesto que, por rigurosas que sean las normas, siempre habrá personas que, haciendo gala de un comportamiento deleznable y ruin, estén dispuestas a saltarse la Ley", ha agregado.

EL PSOE CRITICA QUE SE RECHACE VETAR A CORRUPTOS

Por su parte, el portavoz del PSOE en Función Pública, Juan José Rubio, y la senadora socialista Matilde Valentín han acusado al Gobierno y al Grupo Popular de "clavar la bandera de la reforma laboral" en la Ley de Contratos Públicos en su tramitación en el Senado.

Ambos senadores han denunciado que los populares han aprovechado el paso de la ley por la Cámara Alta y su mayoría absoluta para introducir tres enmiendas que suponen una "reforma laboral soterrada". Para Rubio, la ley vuelve a anteponer los intereses de los empresarios sobre los de los asalariados en los convenios laborales. "El PP reafirma su interés por seguir con la transferencia de salarios a capital y con la precarización del empleo", ha apostillado.

También han criticado que el PP se oponga en el Senado a que la ley de Contratos Públicos vete a los corruptos en la contratación con la Administración pública, como proponían algunas enmiendas de la oposición. Sin embargo, El senador 'popular' Guillermo Martínez ha aclarado en declaraciones a Europa Press que los políticos inmiscuidos en casos de corrupción no pueden seguir ejerciendo la función pública, por lo que ese supuesto ya está contemplado en la ley.

PRINCIPALES NOVEDADES

Entre las principales novedades de esta norma se contempla la prohibición de las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, lo que dificultará la asunción de responsabilidades patrimoniales por parte de la Administración pública ante proyectos fracasados, como puedan ser los casos de las autopistas radiales o el proyecto Castor.

Además, el texto recoge otras enmiendas acordadas por los grupos para garantizar un mayor control en los procesos de adjudicación, ya que incluso se crea la figura de responsable del contrato --funcionario o empleado público designado para ello-- para que el adjudicatario sepa a qué persona dirigirse y que también se ocupará de vigilar la ejecución de los trabajos.

Otra de las novedades introducidas en la nueva ley es la reducción del margen que tendrán las administraciones para adjudicar directamente contratos a un prestador de servicio en los conocidos como contratos menores.

Igualmente, se reducen hasta 40.000 y 15.000 euros los límites vigentes de 50.000 euros para contratos de obras y 18.000 euros para el resto (IVA excluido) y tampoco podrán adjudicarse contratos sin publicidad, una posibilidad que ya estaba recogida en el proyecto de ley que llevó el Gobierno al Congreso.

En todo caso, la limitación de los contratos menores, a pesar de entenderse como un recurso para luchar contra la opacidad en la contratación, despierta recelos entre los que piensan que las administraciones que tengan menores recursos puedan ver afectado su funcionamiento.

OFICINA DE SUPERVISIÓN INDEPENDIENTE

Por otro lado, la reforma incluye la creación de un organismo de control de la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que previsiblemente podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación.

De esta forma, la supervisión se saca de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia --en cuya segregación trabaja desde hace meses el Ministerio de Economía-- para constituir un organismo que, aun dependiendo del ministerio orgánicamente, se asemeje a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Sus integrantes tendrán un mandato de seis años, rompiendo así el ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo causas justificables ya tasadas.

Esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública.

Otro de los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la contratación pública.

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