El Congreso de los Diputados aprobará este jueves, salvo cambio de última hora, la creación de una comisión de investigación sobre el accidente del tren Alvia que ocurrió el 24 de julio de 2013 en el barrio de Angrois, a la entrada de Santiago de Compostela.
Las víctimas y sus familiares reclaman este órgano desde hace cuatro años con el objetivo de que se sepa "toda la verdad" y para conocer, en concreto, si además del despiste del maquinista hay responsabilidades políticas tras las 80 muertes y los 144 heridos que dejó el siniestro.
Fue un 17 de diciembre de 2013 cuando la Plataforma Víctimas Alvia 04155 se concentró por primera vez, en Madrid, tras una pancarta en demanda de una comisión de investigación, precisamente frente a las Cortes españolas.
El orden del día del pleno de esta semana recoge para este jueves el debate de dos iniciativas con esta solicitud, ya que a la que registró el PSOE tras su cambio de postura se añade la anteriormente presentada por el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y mixto, que en su día bloqueó la Mesa.
INICIATIVA PACTADA
Sin embargo, socialistas y En Marea han llegado este miércoles a un acuerdo de texto transaccionado, para que sea este el que se debata. Según consta en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el objeto de la comisión será "investigar y esclarecer" las causas del accidente "estudiando los elementos que pudieran tener relación con el mismo".
Dichos elementos, de acuerdo con la iniciativa transaccionada, "se concretarán en un plan de trabajo" que deberá aprobar la comisión a propuesta de los grupos, y que incluirá la documentación a solicitar y las comparecencias necesarias.
Además de diferencias en el objeto --el de En Marea, más extenso y acorde con la voluntad de los afectados, explicitaba numerosos aspectos a abordar--, los otros dos puntos de divergencia entre los textos de En Marea y PSOE eran el tiempo de duración y el de cuál ha de ser la composición de la comisión de investigación.
Finalmente, de salir adelante en la votación de este jueves, la comisión estará compuesta por cuatro representantes del PP (único grupo con más de 100 miembros), tres del PSOE y tres de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (que tienen más de 50), dos del mixto y dos de Ciudadanos (con más de 10), uno de Esquerra y otro de PNV (grupos con menos de una decena de integrantes).
El plazo para la realización de los trabajos de la comisión propuesto en el texto transaccionado es de cinco meses desde su constitución (que tardará en torno a un par de semanas) y podrá prorrogarse por acuerdo del pleno de la Cámara.
Al ser necesaria una modificación del orden del día para que el texto que se debata sea el finalmente acordado, y no los dos registrados originalmente por separado, cabe la posibilidad de que el PP lo vete, pero fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press dan por hecho que no será así, toda vez que el voto de sus 134 diputados, previsiblemente, será en contra, sea cual sea el documento.
A favor votarán con toda probabilidad, del otro lado, PSOE y Podemos-En Comú Podem-En Marea, que juntos suman 151 diputados. Ciudadanos, con sus 32 parlamentarios, también ha confirmado su apoyo a la creación de esta comisión. Por definir queda la postura de Esquerra, que se espera que respalde la petición (9 miembros); PNV (cinco) y grupo mixto (19).
RECORRIDO EN TRES LEGISLATURAS
El recorrido de esta propuesta acumula ya varios intentos en las Cortes, al margen de su debate en el Parlamento de Galicia también en varias ocasiones.
Así, el pasado día 5, la Mesa de la Cámara Baja calificó finalmente ambas peticiones, la del PSOE y la de En Marea, con los votos a favor de los grupos proponentes y de Ciudadanos, mientras que el PP votó en contra.
Se cumplía entonces justo una semana del acuerdo en la misma Mesa para solicitar un informe jurídico a petición del PP, iniciativa que contó con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos y el voto en contra del grupo confederal.
Tras esta decisión, la Mesa recibió un informe de los servicios del Congreso que argumentaba que no había ningún inconveniente para que el órgano de gobierno de la Cámara baja volviera a pronunciarse sobre un asunto que En Marea ya planteó al inicio de la legislatura.
LA NEGATIVA DEL PP
Durante la etapa de la mayoría absoluta del PP, los populares impidieron que la discusión sobre la apertura de una investigación sobre el descarrilamiento que entonces demandaba el BNG llegara al pleno.
Después, en la denominada legislatura 'corta', que desembocó en nuevas elecciones por la falta de acuerdo para formar Gobierno, la oposición dio vía libre a que se discutiera la propuesta que En Marea planteó en el mismo sentido, pero fue rechazada por el pleno con el voto en contra de PP y PSOE. Ese día, las víctimas fueron expulsadas del Congreso al mostrar su malestar ante el rechazo.
Al principio de esta legislatura, la confluencia gallega registró de nuevo una solicitud para crear una comisión de investigación, pero no fue calificada por la Mesa con el argumento de que ya había sido rechazada meses antes.
En Marea volvió a pedir formalmente la apertura de esa investigación después de que, el pasado mes de julio, tras la vuelta de Pedro Sánchez a la dirección, el PSOE cambiara su posición y presentara una petición para crear esa comisión parlamentaria.
En este viraje fue fundamental la actuación del vasco Odón Elorza, comprometido con la plataforma y con sus demandas. El día del registro de la solicitud, César Ramos argumentó que el giro de su partido respondía a que cambiaron las "circunstancias" y la información relativa al descarrilamiento.
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